La ruina acecha a los municipios

"Ingresos 20, gastos 19, resultado, la felicidad. Ingresos 20, gastos más de 20, la ruina". Muchos responsables de arcas municipales deberían haber asistido a las mismas clases que David Copperfield para evitar la ruina que les acecha. Los casos de Castellón, de Benidorm o La Vila Joiosa han saltado a la luz pública, pero el problema es de más calado.

"Tuvimos que vender suelo para construir una escuela infantil"

El descenso de la actividad inmobiliaria y de las operaciones de compra y venta de solares y viviendas repercute sobre dos impuestos municipales, los que gravan la construcción y las obras (ICyO) y las plusvalías del suelo. Dos impuestos que engrosan los ingresos corrientes de los Ayuntamientos pero cuyo comportamiento durante los años del boom inmobiliario ha sido todo menos corriente.

Un miembro de la Sindicatura de Comptes alerta: "Van a tener problemas aquellos Ayuntamientos que apenas cubrían sus gastos corrientes -la nómina o las facturas de la luz- con sus ingresos corrientes -la recaudación municipal y las transferencias del Estado- y que no han tenido en cuenta el comportamiento extraordinario de algunos impuestos en los últimos años". Es el caso del trabajador que está tan acostumbrado a cobrar horas extra que llega a considerar ese ingreso parte de su nómina. ¿Qué pasa cuando vienen mal dadas y el patrón suprime las horas extra?

"Habrá que cortar grasa", ilustra Juan Gimeno, concejal de Hacienda de Alboraia, uno de los varios municipios de más de 10.000 habitantes que no cubrían sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes en 2005.

Como Castellón, que acaba de aprobar un plan de estabilidad para salvar las arcas municipales. Vicente Moliner, vicealcalde, reparte culpas entre la Generalitat, que debe 6,3 millones de euros al Ayuntamiento, y el Gobierno, que distribuye parte de la recaudación del IRPF y el IVA -ingresos del Estado- entre las Corporaciones atendiendo al número de vecinos. Ya en 2005, Castellón apenas cubría el 93% de sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes, como refleja la última cuenta general de las entidades locales que elabora la Sindicatura.

Ayuntamientos como Alboraia, Altea, San Juan, Tavernes de la Valldigna o Benicàssim, entre otros de cierto tamaño, se encontraban en situación similar. En todos ellos, cualquier inversión ha supuesto aumentar la deuda o vender patrimonio municipal.

Ramón Sánchez, teniente de alcalde de Benicàssim, acaba de impulsar un plan económico para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2011. Ha puesto en marcha una campaña de empadronamientos. "Tenemos un censo de 18.000 habitantes, pero hemos comprobado que en enero, uno de los meses de más baja ocupación turística, consumen agua 28.000 vecinos". A partir de 20.000 habitantes, la participación de Benicàssim en los ingresos del Estado daría un salto cualitativo debido a su condición de municipio turístico. En verano, Benicàssim atiende a más de 100.000 vecinos y visitantes.

Sánchez sostiene que la actividad urbanística no ha sido importante en los últimos años en Benicàssim y no teme un recorte de los ingresos derivados del ICyO. En el capítulo de ingresos, la revisión catastral de 2006 ha elevado la recaudación por el IBI. El Ayuntamiento se ha conectado al registro de notarios y ha descubierto que decenas de operaciones de compra y venta de suelo no se han comunicado al Ayuntamiento. Benicàssim ahora negocia en bloque varios suministros, como la gasolina o los servicios de imprenta. "Obtenemos mejores precios y, sobre todo, sabemos lo que nos va a costar". Y, como muchos Ayuntamientos, sufre el abandono de la Generalitat. "Tuvimos que vender suelo municipal para construir una escuela infantil".

Alboraia también asumió la construcción de un comedor escolar con la venta de suelo. "La consejería

no llega y, por la proximidad a los vecinos, hacemos muchas más cosas de las que nos tocaría". Juan Gimeno, concejal de Hacienda de Alboraia, asegura que solo una subida de los impuestos municipales permitiría superar el desfase entre gastos e ingresos; sostiene lacónico que "casi todos los Ayuntamientos tienen el mismo problema"; y confiesa: "Hemos sido relativamente felices gracias al ICyO. Ahora, tenemos que cortar grasa y recortar subvenciones".

El plan general de Alboraia se agotó hace año y medio. "No hemos tenido grandes ingresos urbanísticos desde entonces". Ahora está en revisión, pero Gimeno asume que los tiempos del boom inmobiliario no volverán. Para redondear el problema, explica que las tasas municipales, diseñadas para pagar el coste de servicios como la recogida de basura, por ejemplo, no cubren los costes reales. "¿Alguien se puede creer que con 40 euros al año se paga la recogida de la basura, su traslado al vertedero y su tratamiento posterior?" Gimeno confiesa que los precios públicos no se ajustan a los costes reales por razones políticas. Un proceder que solo hincha la pelota.

Alberto Fabra, alcalde de Castellón y diputado autonómico del PP, votó en las Cortes contra la constitución de un fondo autonómico de cooperación municipal. Pero dos semanas después, reclamaba ese mismo fondo desde su Ayuntamiento. La batalla por un nuevo modelo de financiación autonómica está abierta. Ahora, los Ayuntamientos amenazan con abrir otro frente.