Cambiar el sistema, sí, pero ¿cómo?

En los próximos tres meses, según marca el Estatuto catalán, el Gobierno y la Generalitat deberán acordar un nuevo modelo de financiación autonómica. Y, para el Gobierno, el éxito político de ese pacto depende de que la reforma de la financiación cuente a su vez con el respaldo de todas las comunidades autónomas.

El sistema en vigor fue respaldado en 2001 por todas las comunidades. También es unánime ahora el deseo de mejorarlo. Las necesidades de gasto de las comunidades se definieron a partir de la población de 1999. Y, pese a que ahora el padrón actualiza sus datos cada año, ese parámetro no se cambió. Todas las comunidades -Madrid y Valencia dicen haber perdido más de 5.000 millones-, insisten en que se utilice el dato real.

El Ejecutivo de Montilla cree que hay un "exceso de nivelación"

Para afrontar el aumento de gasto no reconocido por el actual sistema, todas las comunidades respaldarían también un aumento sustancial de los impuestos cedidos por el Gobierno a las autonomías. Las diferencias empiezan al definir las variables de reparto de los recursos. Las comunidades de mayor peso económico (Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia) quieren que la población corregida por la inmigración y el más elevado coste de la vida sea el criterio esencial, frente a otras (Galicia, Castilla y León, Aragón), que ponen sobre la mesa otros factores (envejecimiento, dispersión territorial). Andalucía, que ha formulado su propia alternativa, incide en que se tenga en cuenta la población en edad escolar al repartir el dinero destinado a educación, la competencia más costosa.

Pero la discrepancia más radical se encuentra en la interpretación de los resultados que ha dado el sistema. El modelo, que en 2005 suministró 98.000 millones a las comunidades -el 70% de los presupuestos autonómicos, que se nutren también de otros fondos estatales y europeos-, aplica una garantía económica para que haya una prestación de servicios básicos similar en todos los territorios. Y, tras aplicar ese mecanismo, el llamado fondo de suficiencia, los recursos por habitante logrados por varias comunidades con menos ingresos tributarios superan los que logran las comunidades que generan más riqueza (Madrid, Cataluña o Baleares). Algo que no pasa en Alemania, el modelo de referencia de Montilla (véase cuadro).

Comunidades como Extremadura o Castilla y León argumentan que esa diferencia refleja el mayor coste de prestar servicios en sus territorios. Pero para Cataluña, que depende más del sistema al tener menos fondos europeos y no acceder al Fondo de Compensación Interterritorial, es una aberración.

El Ejecutivo de José Montilla entiende que hay un "exceso de nivelación". Es decir, que las autonomías con mayor capacidad fiscal transfieren demasiado dinero a las receptoras netas, hasta el punto de que disponen de menos recursos por habitante.

El Gobierno catalán quiere trasladar la progresividad fiscal que nadie cuestiona en la renta personal, a los territorios: Nadie pone en duda que las personas con más ingresos paguen más IRPF para que las que tienen menos recursos puedan acceder, en las mismas condiciones, a los servicios básicos. Pero tras cumplir con Hacienda, el rico, fruto de su mayor esfuerzo fiscal, sigue teniendo más renta que el pobre, éste no lo supera en recursos.

Por ese motivo, Cataluña, cuyas exigencias han sido determinantes en anteriores negociaciones, propone que la nivelación sea parcial y se limite a los servicios esenciales, un planteamiento que no resulta incómodo al Gobierno. Lo que ha levantado ampollas es la definición de esos servicios esenciales, que la Generalitat plantea limitar a salud, educación y servicios sociales y cuyo peso en porcentaje lo estima entre el 65% y el 75% de los recursos. La Comunidad Valenciana (PP) y Baleares comparten esta tesis. Pero el resto de comunidades del PSOE, o Castilla y León y Murcia (PP) exigen que en la nivelación entren todos los servicios.

La Generalitat insiste en que la solidaridad territorial se refuerce con fondos estatales fuera del sistema. Su otra gran exigencia, el aumento de la cesión de impuestos (del 33% al 50% en el IRPF, del 35% al 50% en el IVA, del 40% al 58% en los impuestos especiales) levanta menos suspicacias.