De Rosa anuncia un plan sin tener competencias

Fernando de Rosa se comprometió ayer a reforzar en julio con ocho funcionarios el juzgado de ejecutorias número 14 de Valencia, uno de los tres especializados que tiene la ciudad y entre los que acumulan más de 15.000 sentencias pendientes.

El consejero pide 11 juzgados penales para el primer trimestre de 2009

Ese fue todo el compromiso real para hacer frente al colapso en la ejecución de sentencias penales en la Comunidad Valenciana, que, según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se traduce en más de 30.000 entre los 34 en funcionamiento a 31 de diciembre de 2007. El resto del llamado plan de choque que ayer presentó públicamente es una petición concentrada de 11 juzgados de Lo Penal, incluido uno específico más para Valencia, para que entren en funcionamiento durante el primer trimestre de 2009. Esos 11 juzgados penales, en su mayoría, formaban ya parte de la carta de reivindicaciones a conseguir a lo largo de la legislatura y para los que ya tenía prevista la inversión correspondiente en lo que a ubicación y funcionarios se refiere. De Rosa anunció ayer un plan de choque que "no se podrá llevar a cabo sin que exista lealtad institucional, sin el apoyo del Ministerio de Justicia". La competencia en la creación de órganos judiciales es exclusiva del Ministerio de Justicia.

De Rosa, que defendió un modelo de comarcalización para esos nuevos 11 juzgados, afirmó: "Si no existe esa colaboración leal, no tendremos más remedio que decir que no se puede contar con su apoyo, y nosotros poco más podremos hacer". El consejero añadió: "Once jueces y once secretarios es lo único que le pedimos al Gobierno, y que lo haga cuanto antes. Es una petición razonable y leal, porque este año el ministerio ha aprobado la creación de 23 juzgados en la Comunidad. Podría pedir la luna, pero no quiero caer en un diálogo estéril". El consejero, que reconoció que los presupuestos estales son también limitados, insistió, como viene haciendo en sus últimas comparecencias, en que el titular de la cartera, Mariano Fernández Bermejo, no responde a sus peticiones de reunión.

Según De Rosa, han sido tres las ocasiones en las que ha solicitado a Fernández Bermejo una reunión desde que juró su cargo hace pocas semanas. El consejero dijo ayer que la única respuesta ha sido una convocatoria de la conferencia sectorial (representantes de las comunidades con transferencias y del Estado) para los próximos días 21 y 22 de julio en Zaragoza. "Dos días, de los que uno se dedica a una visita turística a la Exposición del Agua. Prefiero ir con mi familia y que la reunión sea antes de que se inaugure el evento". Según fuentes del Ministerio de Justicia, Fernández Bermejo no se ha reunido aún con ningún consejero de Justicia ni ha recibido a nadie de la judicatura "porque está aún reestructurando su gabinete, el consejero de Valencia tendrá una cita cuando esos trámites se hayan concluido". Además, precisan las mismas fuentes, que la visita turística que acompaña a la convocatoria de conferencia sectorial nada tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Es, aseguraron ayer desde el ministerio, una propuesta del Gobierno de Aragón que trasladó a todos los consejeros autonómicos en la última reunión que se celebró en Madrid para quienes quieran conocer la Exposición del Agua.

De Rosa presentará el plan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el próximo día 14. Ese plan que descansa en el Ministerio de Justicia le supondría al Gobierno autonómico valenciano la aprobación de 77 nuevas plazas de funcionarios, lo que elevaría la cifra total de los destinados a juzgados penales y de ejecutorias a 384, un incremento del 41,18%. En total, el presupuesto para esos nuevos funcionarios sería de 2.196.779 euros. De Rosa precisó ayer que los 11 juzgados que presenta en el plan de choque son prioritarios pero no van a restar ninguna de las peticiones de órganos pendientes.