La Hacienda guipuzcoana blinda su información para evitar filtraciones
Jauregi sigue sin dar permiso a la Diputación para difundir su inspección
La Hacienda de Guipúzcoa ha puesto en marcha un plan de seguridad y control en el acceso a la información del departamento. Quiere evitar así que se repitan filtraciones como la que propició la difusión de la declaración tributaria de Jon Jauregi, el frustrado candidato del PNV a diputado general.
González insiste en que habrá nuevos imputados por el fraude de Irún
Las medidas de blindaje del sistema informático pasan por la revisión de la política de contraseñas de acceso, de manera que se eliminan los accesos de usuarios genéricos y se adecuan los permisos a las funciones que desarrolla cada trabajador. Hasta ahora, por ejemplo, un funcionario del área del IVA podía acceder a la del IRPF. Ya no es posible. Además, todos los accesos deberán ir acompañados de una justificación.
El diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González (EA), explicó ayer estos detalles ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales. Allí presento el pasado mes la resolución de la Agencia de Protección de Datos que da por probado que la filtración de los datos de Jauregi fue realizada por el "equipo directivo" del anterior departamento de Hacienda, gestionado por el propio PNV. Se llegaron a registrar hasta 204 accesos a sus datos.
Esa filtración, fruto de las peleas internas del PNV, permitió saber que Jauregi no había declarado tres de las seis viviendas que posee y las rentas obtenidas por el alquiler de dos de ellas. Una vez nombrado candidato, y tras sospechar que sus irregularidades eran conocidas por algunos medios de comunicación, realizó una declaración complementaria y solicitó una inspección a la Diputación. Ya concluida, González le ha invitado, para favorecer la transparencia, a que autorice la difusión del resultado. Pero el ex alcalde de Beasain y miembro de la ejecutiva guipuzcoana del PNV no ha dado todavía su permiso.
Las medidas expuestas ayer por el diputado forman parte de una estrategia de control interno más amplia, que pretende recuperar la confianza de los contribuyentes tras el caso Jauregi y el fraude de Irún. El plan de lucha contra el fraude diseñado incluye la contratación de 20 personas este año y 10 el próximo para reforzar la inspección.
Respecto al caso de Irún, se sigue investigando a 22 personas físicas y 16 sociedades nuevas. González considera que con los datos que ya se ha aportado a la Fiscalía y al juzgado hay pruebas suficientes para realizar nuevas imputaciones.
Dinero para Bravo
Dos de los tres nuevos testigos que declararon ayer ante la juez que investiga el supuesto fraude en la oficina de Hacienda de Irún aseguraron que entregaron a su entonces director, José María Bravo, principal imputado en la causa, distintas cantidades que adeudaban al erario público, según fuentes judiciales que cita Efe.
Los tres testigos forman parte del grupo de 12 contribuyentes cuyos expedientes tributarios fueron aportados al juzgado en marzo por la Diputación al ver en ellos indicios de delito. Uno de los declarantes es la administradora de una constructora, quien explicó que Hacienda reclamó a su firma una deuda de 15 millones de pesetas (90.151 euros) contraída en los noventa. La deuda le fue comunicada en una carta en que le instaban a telefonear a un número donde le pusieron en contacto con Bravo, quien la rebajó a 9,5 millones. La empresa abonó esta cifra en metálico en varios pagos al propio Bravo.
Otro testigo aseguró que pagó a Bravo a plazos 425.000 pesetas (2.554 euros) por una deuda de IVA. El imputado no le hizo ninguna rebaja ni le entregó ningún justificante del pago. El tercer testigo, jubilado desde hace dos años, indicó que Hacienda le pidió hace unas dos décadas una deuda por IVA que ascendía a 125.000 pesetas (751 euros) y que zanjó en unas oficinas forales en San Sebastián pagando a una mujer sólo 25.000. Precisó que no conoce a Bravo.
Billetes de 500 euros
La Hacienda de Guipúzcoa está investigando 32 operaciones financieras de más de 100.000 euros realizadas en 2003 por contribuyentes de este territorio con billetes de 500 euros. Su objetivo es comprobar si se ha producido algún fraude en estas transacciones, una tarea que deberá terminar pronto si quiere poner en marcha la maquinaria para perseguir los posibles delitos, ya que las operaciones prescriben en junio.
El montante total de las 32 operaciones citadas asciende a 10,5 millones de euros, una cantidad "importante para seguirle la pista", subrayó ayer el diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, en las Juntas Generales.
La institución foral tiene en sus manos todos los datos relacionados con estas transacciones, como los nombres de los emisores y los receptores, las entidades financieras donde se han llevado a cabo las operaciones y las fechas de las mismas. Esta información le ha sido facilitada por la Agencia Tributaria, que tiene acceso a todas las entidades financieras. La Diputación, que sólo puede recurrir a las domiciliadas en Guipúzcoa, le ha pedido también los datos de los años posteriores a 2003.
La agencia estatal comenzó la investigación sobre las operaciones efectuadas con billetes de 500 euros hace dos años y calcula que entre el 60% y el 70% de ellas pueden estar relacionadas con fraudes fiscales.
