Desastres y engaños en Andratx

Las conversaciones telefónicas del caso Andratx, fruto de los pinchazos ejecutados bajo control judicial de la Fiscalía Anticorrupción en 2006, han aportado en el juicio contra el ex alcalde de la localidad mallorquina, Eugenio Hidalgo, un caudal de testimonios sobre la supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento. Los fiscales expusieron ayer ante la Audiencia de Palma trazos del panorama supuestamente delictivo al reproducir las cintas y obtener de los testigos un reconocimiento del "desastre" municipal y el "trámite caótico" que devenía en ilegalidades en obras y expedientes urbanísticos manipulados. Un letrado municipal se reconoció "engañado" y marginado tras redactar la propuesta de demolición de la vivienda ilegal del entonces alcalde Eugenio Hidalgo, del PP. En Andratx jamás se derribó una obra irregular.

Un ex magistrado intentó con un juez instructor rebajar el alcance del caso

La fiscalía considera que la supuesta trama corrupta, que abarca 68 causas penales distintas, estaba bajo la tutela del principal imputado, el ya ex alcalde Hidalgo y que operaba con un pequeño clan de técnicos municipales y socios inmobiliarios. Un jurídico municipal, Pau Vidal, se reconoció desplazado en el Ayuntamiento, tras firmar la petición de derribo la vivienda de Hidalgo. La sanción nunca se ejecutó y el documento de Vidal fue extraído del expediente de disciplina urbanística. Más tarde fue encontrado otro texto desconocido por el instructor.

La carpeta municipal de la casa de Hidalgo construida en terreno rústico protegido -núcleo de la imputación por la que el ex edil afronta una posible pena de seis años de cárcel en la primera vista del caso Andratx- se comprobó, tras reclamarla un juez, que había sido expoliada, mutilada en al menos cuatro documentos de diferentes trámites: la denuncia inicial, dos actas de inspección y la propuesta de derribo. El expediente disciplinario municipal contra el edil Eugenio Hidalgo caducó y se anuló.

La secretaria municipal, Ana Abarca, lamentó "el desastre" que hay en el Ayuntamiento tras destaparse el caso. El letrado Pau Vidal reconoció que preguntó en Urbanismo: "¿Quién me está engañando?". La arquitecta técnico Cinta Moyá y la secretaria Abarca (que eran testigos de Fiscalía en una causa penal contra Hidalgo) explicaron que el alcalde les envió al despacho de su abogado, Rafael Perera, para preparar lo que debían decir a un juez y que fueron con el expediente municipal de la casa ilegal del edil. El letrado y ex magistrado Perera fue reiteradamente aludido por los fiscales. Además, su voz se oye en una cinta narrando a Hidalgo que él visitaba a un juez instructor para "ambientarle" y "quitar leña al fuego" en el caso de la casa y "demostrar que Andratx no es Marbella".

Los jueces del Tribunal advirtieron sobre la pena de cárcel por falso testimonio a las funcionarias Abarca y Moyá, que esquivaban las reiteradas preguntas sobre sus expresiones referidas a un abogado imputado, Ignacio Mir y a un compañero (Jacobo Rodríguez). Estas expresiones eran que "ninguno es de fiar", que "iban a contar la verdad" y que ambos se solían encerrar en un despacho con Hidalgo y el ex director general imputado, Jaume Massot, que ya no era funcionario local en ejercicio.

Cada año se tramitan unas 300 licencias de obra mayor y se abren unos 70 expedientes de disciplina por irregularidades urbanísticas en Andratx. No ha habido derribos en este territorio litoral y de montaña de Mallorca, que es un paradigma del boom del urbanismo salvaje y, a la vez, un yacimiento inmobiliario de mansiones de gran lujo.