Las constructoras deberán acreditar su seguridad para operar en Cataluña

Todas las empresas que formen parte de la cadena de contratación y subcontratación de obras deberán acreditar en el plazo de tres meses las medidas de seguridad que adoptan para evitar accidentes laborales si quieren seguir operando en Cataluña. El Gobierno catalán aprobó ayer el decreto que crea un registro de compañías que reúnen todas las condiciones que fija la ley estatal que regula el sector, en vigor desde el pasado mes de abril.

Cataluña es la primera comunidad que aplica la ley y que decide, además, que el registro sea electrónico para que pueda ser consultado por cualquier empresa antes de subcontratar una obra. El decreto no sólo obliga a constructoras que trabajen para las administraciones, sino también a las que realicen obra privada. Más de 80.000 firmas deberán digitalizar todos los documentos que certifiquen su calidad y seguridad. Las que no estén en el listado, no podrán operar en Cataluña. Si alguien las contrata, será sancionado.

El registro incluye a constructoras y todas las compañías que tienen que ver con el sector, desde cerrajeros hasta pintores. La consejera de Trabajo, Mar Serna, defendió el decreto porque "da seguridad a las empresas y a las personas, puesto que las firmas deberán informar de la formación en prevención de accidentes que estén realizando".

Las empresas que se inscriban deben cumplir varios requisitos. Tanto las constructoras como las subcontratas han de tener una estructura productiva propia, contar con los medios necesarios para su actividad y asumir los riesgos y responsabilidades que se puedan derivar de ella. Además, deben aportar pruebas de que sus obreros han sido formados en prevención de riesgos y, sobre todo, que se toman medidas suficientes para su seguridad.

Serna recordó que Cataluña aún sufre "el triple de accidentes mortales en la construcción que la media española y el doble de accidentes graves", e insistió en que el nuevo decreto pretende rebajar la siniestralidad.

La ley exige, además, que las compañías tengan un porcentaje mínimo de trabajadores con contrato indefinido. La proporción se irá incrementando del 10% este año al 30% en 2010. Esta medida crea recelos entre los constructores. Éstos dicen que el número de empleados fijos que tienen en conjunto es superior a esta exigencia. Pero, además, hay el precedente de 1999, cuando la UE les dio la razón tras denunciar a la Comunidad de Madrid por una ley que primaba en los concursos a las empresas que dieran empleo estable.