El Gobierno valenciano pide una reforma legal para impedir dilaciones como las del 'caso Fabra'

El consejero valenciano de Justicia, Fernando de Rosa, propuso ayer una reforma legal para que el Consejo General del Poder Judicial pueda limitar la posibilidad de traslado de los jueces y evitar dilaciones excesivas en la instrucción de asuntos como el caso Fabra. El juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) investiga desde 2004 al presidente de la Diputación de Castellón del PP, Carlos Fabra, por fraude fiscal y delitos contra la Administración pública en una instrucción eterna debido al continuo cambio de jueces.

Según informó ayer la cadena SER, el órgano judicial tendrá que seguir siendo gestionado por un juez sustituto ante la falta de jueces de carrera candidatos a cubrirlo. En el último concurso para proveer la plaza, publicado en el BOE el pasado febrero, ningún juez de carrera la solicitó, por lo que el concurso se ha declarado desierto. El nuevo titular no llegará hasta que una nueva hornada de jueces termine sus estudios en la Escuela Judicial el próximo julio, cuando la vacante se cubrirá casi con total seguridad. La acusación popular en la causa contra el alto cargo del PP ha exigido en reiteradas ocasiones desde el inicio de la investigación en 2004 para lograr "una continuidad en un asunto cuya trascendencia es notoria".

"Debería modificarse la legislación y que los traslados de los jueces fuesen relativos, atendiendo a los casos que llevaran, para evitar que por un determinado órgano judicial pasaran constantemente jueces y diera una situación de provisionalidad a los asuntos que llevan", afirmó De Rosa.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial aseguran que el de Nules se encuentra entre una decena de juzgados "malditos" rechazados por sus titulares, que, al cumplir un año en el destino, piden sistemáticamente el traslado debido a la complejidad de las causas que llevan, la falta de medios, la sobrecarga de trabajo o su situación geográfica. Otro juzgado catalogado entre éstos es el de Corcubión, donde se investiga la catástrofe ecológica del Prestige desde 2002.