Modesta proposición o ambicioso reto

Los programas electorales de los partidos no han sido muy elocuentes en materia de ciudades. Es ahora, tras la constitución de los Gobiernos nacional y autonómico, cuando puede hacerse una reflexión crucial sobre las políticas de ordenación del territorio para el desarrollo sostenible del vigoroso sistema andaluz de ciudades. Tras la década inmobiliaria, la falta de vivienda accesible ha dado paso a la urgencia de contar con vivienda protegida y en alquiler, en plena crisis del sector de la construcción. Un efecto perverso prima la inercia del esfuerzo por construir más, sea o no mediante una coherente edificación pública sostenible lo que resulta insuficiente. La ciudad, ligada a la movilidad y los transportes, también se debe a la calidad del paisaje, a la forma urbana, el perfil del espacio publico, su acceso y su belleza. Toca cambiar, pese a que sólo algunas voces del sistema nacional de I+D+i se han atrevido a lanzar la apuesta por un cambio "del cemento al conocimiento".

La creación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio es un gran paso adelante para afrontar la lucha contra el cambio climático, desde la austeridad en el consumo de suelo, la eficiencia socioeconómica para la calidad de vida. La reorganización competencial es oportuna porque, pese al POTA y la LOUA todavía ofrecemos pocas realidades tangibles de verdadera cultura de ordenación del territorio. La forma de la ciudad construida se resiente en muchos puntos de la comunidad, en zonas residenciales, pero también logísticas, industriales o turísticas. Las medidas de eficacia energética exigibles por el CTE y la legislación urbanística podrán servir, pero no impedirán por sí solas la construcción masiva o poco cualificada de nuestras ciudades. Nos falta visión integral; estamos siempre pendientes de grandes operaciones globales de transformación espacial.

La acción del nuevo Gobierno andaluz a través de dos consejerías, habrá de otorgar un nuevo impulso a las políticas públicas de rehabilitación de la ciudad y el hábitat, en equipamientos y movilidad sostenible. Ahora falta innovación y audacia en la ordenación urbana, falta prospectiva, coordinación y asesoramiento de las redes. Falta sistematización, estudio y evaluación de la calidad de vida y el uso accesible de la ciudad existente. Pese a todo el aparato administrativo actual, resulta que no podemos parar las parcelaciones ilegales, sea en Medina Zahara o en la provincia de Cádiz; acabar con las viviendas ilegales del Valle del Guadalhorce o la Axarquía; demoler los hoteles infames, ilegales o semi-legales, o la fealdad inacabada en Puerto Sherry o el Algarrobico. No sabemos cómo impedir el acoso en el Parque Natural del Cabo de Gata, la Alpujarra o Cazorla. ¿No queda más que resignarnos a la masificada inurbanidad de Benalmádena, el insinuado nuevo circuito de Fórmula 1 de Alhaurín o, en Málaga, a la urbanización de Los Merinos de Ronda?

La construcción del Aljarafe, las interminables filas de adosadas, las nuevas torres aisladas y las urbanizaciones, la especulación de suelo y el abuso de la acción urbanística desmedida son actos inconstitucionales, que quedaron fuera de la campaña. La defensa de los derechos ambientales a la calidad de vida, reconocidos por la ley, no son del todo visibles: Siguen sujetos a corrupción e irregularidades, todavía emergiendo, día tras día.

El esfuerzo de evaluación de las políticas públicas implica el debate sobre el coste económico y ambiental de las miles de viviendas sociales que ahora se van a promover. Cuándo, donde, cuántas, y en cuánto tiempo. La riqueza y el bienestar están en la encrucijada de aquellas políticas que no primen la ciudad compacta y el uso racional del parque edificado. ¿Cuánto cuesta, en términos ambientales la satisfacción del derecho a la vivienda mediante obra nueva en Andalucía? ¿Hasta qué límites de carga ambiental podemos llegar? ¿Qué ciudades resultarán de los nuevos espacios urbanos? Innovar en esta materia, en Andalucía, parece una modesta proposición, pero tal vez suponga un reto ambicioso, si encuentra eco en las políticas públicas urbanas transversales de innovación del nuevo gobierno. Toda una proeza en tiempos de crisis de recursos y energías.

Necesitamos nuevas ideas en materia de ciudades digitales, ciudades sostenibles, redes de ciudades: Hasta ahora no hemos tenido un discurso innovador, nos hemos fijado solo en la vivienda. Hay que elaborar entre todos un nuevo discurso y hacerlo realidad sin retórica.

El nuevo Gobierno andaluz ha de mejorar la evolución de las ciudades. Inventar las claves del futuro; reestructurar el crecimiento, reconfigurar paisajes alterados, rehabilitar barrios y articular periferias metropolitanas. Todo eso puede ser ya el objetivo de una Agencia Andaluza de Innovación Urbana, de corte transversal. Lo exige el cambio de modelo, no solo para la agilización administrativa de los planes y la legislación sobre el suelo, sino para satisfacer de verdad el derecho a la vivienda haciendo ciudad. Tal es el nuevo reto andaluz, después de una década de políticas no siempre bien reflejadas, al final, en la ordenación física, territorial y ambiental de las ciudades, objeto social último de la innovación política.

Carlos Hernández Pezzi es arquitecto y presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)