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La Audiencia de Murcia y la fiscalía piden un cambio legal contra los ediles corruptos

Reclaman que el Código Penal permita apartar del cargo a políticos imputados

La Sección de Cartagena de la Audiencia Provincial de Murcia y el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, consideran necesario modificar del Código Penal para evitar que los alcaldes detenidos como presuntos autores de delitos relacionados con la corrupción urbanística puedan volver a ocupar sus cargos.

Esta conclusión se desprende del auto firmado el pasado 29 de abril por el presidente de la Sección de Cartagena, José Manuel Nicolás Manzanares, y los magistrados Miguel Ángel Larrosa y Matías Soria Fernández-Mayoralas, en la que se acordó la puesta en libertad sin fianza para el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), y para el arquitecto técnico municipal, Ramón Cabrera, porque no existe riesgo de fuga y considerar "muy gravoso" mantener a una persona en la prisión con la finalidad de que no reitere los delitos por los que se le juzgan, entre otros el de cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y negociación prohibida a un funcionario.

En el auto, el tribunal justifica su decisión de dejar libre al primer edil de Torre Pacheco alegando: "Transcurrido casi un mes desde la adopción de la medida [prisión incondicional], es posible mantener la prisión en base a una hipotética reiteración delictiva. La prisión incondicional sólo puede acordarse sobre unas bases sólidas y sobre hechos concretos, sin que sea posible su mantenimiento en función de una presunta posibilidad de volver a actuar en la forma denunciada. Coincide esta Sala con el fiscal en que sería interesante una reforma legal que permitiera al juez de instrucción la adopción de medidas cautelares de otro orden, menos gravosas que la prisión incondicional, contra los funcionarios o cargos electos imputados en un hecho delictivo, como la separación temporal del cargo o la prohibición de participar en los asuntos relacionados con los hechos que se les imputan, pero lo cierto es que, como bien reconoce el fiscal, la situación actual no permite a los tribunales adoptar este tipo de medidas cautelares, por lo que la prisión provisional no se puede convertir en un mecanismo permanente para garantizar que una persona no pueda volver a cometer hechos delictivos".

Es decir, la Audiencia de Murcia y el fiscal creen necesario apartar de forma cautelar a los políticos imputados, algo que el PP de Ramón Luis Valcárcel sólo ha hecho en el caso del diputado autonómico Juan Morales, ahora en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional.

La prensa y la oposición

Mientras no se produzca esta modificación, los encargados de evitar nuevos comportamientos delictivos son, según el tribunal, "los medios de comunicación o bien la labor de oposición del resto de los grupos municipales".

En el caso de Torre Pacheco, el pasado miércoles, un día después de salir de la cárcel el alcalde Daniel García Madrid, la alcaldesa en funciones, Final Marín Otón, aprobó en el pleno municipal la incorporación a la propiedad del Ayuntamiento de Torre Pacheco de los terrenos que se permutaron con la empresa Polaris World, y que según el juez Salvador Calero, supone un perjuicio para el Consistorio de unos cinco millones de euros.

Para evitar este tipo de actuaciones, el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, ha anunciado su intención de solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que eleve al Gobierno una petición para que se haga una modificación legal con la finalidad de que los jueces puedan adoptar medidas cautelares contra los alcaldes o altos funcionarios que están imputados en casos de corrupción, si lo estiman oportuno, para evitar que reiteren sus comportamientos delictivos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de mayo de 2008