Una funcionaria sin estudios jurídicos retuvo la petición de auxilio de Sylvina

Una funcionaria interina, que jamás había trabajado en un juzgado y que carecía de las más mínima formación jurídica, tramitaba la mitad de los asuntos de violencia machista del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Esa mujer, que según la Inspección del Poder Judicial desempeñaba sus funciones "con gran falta de diligencia", retuvo durante cinco meses varias peticiones de prisión provisional de Sylvina Bassani contra su ex marido -que la asesinó el pasado 10 de abril- sin informar de ello. Por ese y otros errores, la titular del juzgado ha pedido a la Comunidad de Madrid su destitución.

La magistrada dice que no le informó de 248 documentos en casos de maltrato

El escrito de la titular del juzgado, Gemma Poveda (investigada por el Poder Judicial por su actuación en este caso), relata todo un cúmulo de despropósitos y negligencias profesionales por parte de la funcionaria Silvia Torres. En lo relativo al caso Alovera (el asesinato machista de Sylvina Bassani), retuvo el expediente desde el 19 de noviembre de 2007 hasta el 7 de abril de 2008, fecha en que se lo entregó a la juez. Entre una fecha y otra, el abogado de Sylvina presentó dos peticiones de prisión provisional y solicitó que se suspendiera el régimen de visitas del agresor al hijo que tenía con la víctima (y que posteriormente presenció su asesinato), peticiones que, cuando fueron conocidas por la juez, se rechazaron.

Cuando la juez pidió explicaciones por el retraso, la funcionaria explicó "que no sabía qué hacer con el procedimiento" y que el abogado de Sylvina había presentado varios escritos, "muchos de los cuales no entendía", sin saber tampoco qué hacer con ellos. A pesar de ello, siempre según la juez, Silvia Torres "no consultó en ningún momento ni a la magistrada ni al secretario judicial". La funcionaria, según el documento, también reconoció que mintió al abogado de Sylvina cuando le pidió el expediente del caso Alovera: como no lo encontraba le dijo que lo tenía el fiscal.

Debido a esas irregularidades, la juez y el secretario judicial revisaron todos los asuntos que tramitaba la funcionaria encontrándose con 248 escritos de cuya presentación no les había informado. Ese hallazgo obligó a la juez a tramitar inmediatamente los más urgentes: aquellos en los que el riesgo que corría la víctima había sido valorado como alto.

El informe de la juez, que se ha unido a la investigación abierta por el Poder Judicial, relata otras graves negligencias supuestamente cometidas en otros casos. Debido al atasco de casos, la magistrada indicó a los funcionarios que si no le era posible a ella tomar declaración a una víctima de maltrato, se la tomaría Torres "ofreciéndole siempre a la denunciante la posibilidad de solicitar alguna medida de protección" de la que daría cuenta urgentemente a la juez para que decidiera. También en este cometido falló la funcionaria, que no informó de la petición de una orden de protección. Cuando la juez le preguntó por qué, no logró dar ninguna explicación coherente.

"Carece de todo tipo de formación jurídica, formación que tampoco ha adquirido pese al tiempo transcurrido desde que tomó posesión en este juzgado", escribe la juez, que asegura que "ni siquiera es capaz de proveer correctamente" los asuntos en los que la propia juez le daba instrucciones por escrito.