Devaluado acto por los derechos humanos

La invitación cursada por el Gobierno a organismos de la izquierda abertzale como Etxerat (familiares de presos) o al Grupo contra la Tortura (TAT) no es novedosa. Es el estilo del Ejecutivo de Ibarretxe en materia de derechos humanos. Forma parte de su idea de la defensa de "todas las víctimas sin exclusión". Desde la equidistancia. Y ahí caben todos, los asesinados por ETA, por los GAL, los torturados, los extorsionados, los escoltados... "Hemos querido organizar un acto abierto y por eso hemos invitado a todo el mundo", explicaban ayer fuentes de la consejería de Justicia, en manos de Joseba Azkarraga, de EA. Pero los dos principales partidos de la oposición, PSE y PP, llevan años en una frecuencia en la materia muy diferente a la que emite Ajuria Enea. Y por eso ayer plantaron a Juan José Ibarretxe en el acto organizado por el Ejecutivo para lanzar una campaña de divulgación con motivo del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La lista de ausencias fue amplia: Covite, la Fundación Fernando Buesa, la Fundación Gregorio Ordóñez y Gesto por la Paz. Aunque entre los presentes estaban PNV, EA EB y Aralar, el Instituto Pedro Arrupe, AI, Eusko Ikaskuntza, las diputaciones o organismos de solidaridad con los gays o el Polisario. El PSE consideró un "verdadero sarcasmo y una ofensa a la ciudadanía vasca y sus ansias de paz y libertad" la invitación a Etxerat y a última hora decidió no ir. El PP acusó a Ibarretxe de hacer "guiños a ETA-Batasuna" para sumar su apoyo a la consulta.

El lehendakari, convencido de su discurso equidistante, subrayó que no defienden los derechos humanos "ni quienes callan ante las atrocidades de ETA, ni quienes defienden la política de dispersión". "¿Cuál es la solidaridad y la denuncia que ha ofrecido ante la sociedad ante un asesinato de un hombre sencillo, un trabajador humilde como Isaías Carrasco?", preguntó dirigiéndose a Batasuna.

Etxerat quiso jugar con las dos barajas: estar dentro del homenaje y fuera con una pancarta en la que se acusaba al Gobierno y al PNV de ser "corresponsables de la represión". "Las dos cosas no pueden ser", explicaron desde Justicia para justificar que finalmente no se les dejara entrar en Lehendakaritza.