El CVC plantea revisar la norma que invalidó la obra del Teatro Romano

El Consell Valencià de Cultura (CVC) aprobó ayer por unanimidad el informe a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que sirvió de base al Tribunal Supremo (TS) para calificar de ilegal la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto y ordenar la reversión de las obras. El CVC recomienda al Ministerio de Cultura, la Mesa de las Cortes Generales y el Gobierno valenciano "actualizar" la norma estatal por las "insuficiencias" que contiene, en varios asuntos.

El informe pide más medios para combatir el expolio del patrimonio

El informe cita los artículos 35 a 39 del título IV, en los que se basó la sentencia del Tribunal Supremo, de los que dice "han generado problemas por su rigidez", y añade: "Durante los años pasados se ha evidenciado que el criterio respecto a las rehabilitaciones y reconstrucciones debería prever las diferentes realidades existentes, y como los criterios a seguir deben admitir más opciones, siempre con los dictámenes o, en su caso, informes oportunos".

El texto señala que en las intervenciones en conjuntos históricos o bienes de valor histórico y arqueológico "la opinión de las entidades consultivas debería de ser vinculante". El consejero Vicent Álvarez, presidente de la Comisión Jurídica y responsable del texto que ha centrado el trabajo de los miembros del CVC durante los últimos cinco meses, citó expresamente el Teatro Romano de Sagunto. "Con la ley en la mano no se hubiera podido hacer la rehabilitación, pero la ley de 1985 no la está aplicando nadie", indicó. Preguntado por este asunto minutos antes del pleno, el presidente del CVC, el científico Santiago Grisolía, no quiso profundizar en el posicionamiento del organismo consultivo del Consell al respecto: "En tres ocasiones el Consell ha hecho dictámenes sobre este tema. No podemos decir más de lo que hemos dicho, incluida la primera vez en la que teníamos personas como el cardenal Tarancón".

Álvarez subrayó la necesidad de modificar la normativa, ya que no contempla el patrimonio inmaterial. "Con esta ley el Misteri d'Elx o la Santa Faz de Alicante no serían BIC, porque no son bien material que no está contemplado", criticó. Una prueba de que no se cumple es en su opinión la situación en la que se encuentran los bienes de titularidad religiosa y su conservación. "El vaciado de inmuebles, los traslados irregulares y las actuaciones poco respetuosas con los bienes eclesiásticos hacen imprescindible una revisión", apunta. "Las zonas BIC deben poder visitarse al menos en dos ocasiones al mes. ¿Dónde quedan pues los conventos de clausura?", se pregunta el consejero. El informe también recomienda actualizar el Código Penal para prevenir los expolios y crear unidades de policía autonómica especializada en su persecución, algo en lo que la normativa de 1985 "se queda muy corta".

En el pleno se aprobó la memoria de actividades 2007 y la cuenta general del mismo periodo, que arrojó un superávit de 555.154,64 euros.

La sesión se celebró en el Ayuntamiento de Benidorm, donde Santiago Grisolía entregó la medalla y el diploma de la institución al alcalde, el popular Manuel Pérez Fenoll.