Hacienda detecta 200 millones en las cuentas secretas de Liechtenstein

Hacienda ha cazado a 198 españoles que han desviado dinero al paraíso fiscal de Liechtenstein para no pagar impuestos. Todos ellos (titulares principales o secundarios de las cuentas) son sospechosos de haber cometido delito fiscal, es decir, han defraudado más de 120.000 euros cada uno. Eso implica un fraude mínimo conjunto de 24 millones de euros. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que este grupo de españoles bajo la lupa de Anticorrupción atesoraba en esas cuentas más de 200 millones de euros. Otras fuentes elevan el total de lo detectado por Hacienda a miles de millones. La lista, según estas mismas fuentes, incluye a personas "muy significativas".

La información en poder de Anticorrupción es considerada por personas conocedoras de su contenido como "muy embrionaria", y habrá de ser complementada con futuras entregas por parte de Hacienda. Ninguno de los inversores acapara grandes sumas del monto investigado. Todo lo más, en torno a cinco millones de euros en algún caso.

El fraude total asciende, al menos, a 24 millones de euros

Las cuentas datan de los años noventa, lo que plantea una posible prescripción

En ocasiones, el primer depósito de tales fortunas data de la década de los noventa, lo que plantea serios problemas de prescripción, ya que el delito fiscal caduca a los cinco años. Fuentes de la investigación explican que en la medida en que tales fortunas invertidas estuvieran vivas en la actualidad siempre habría un resquicio legal para atacarlas.

Anticorrupción tiene ante sí un doble enfoque para imputar delitos fiscales a este colectivo español que ocultaba más de 200 millones en Liechtenstein: de entrada, se abordará la cifra total que cada uno poseía como una "ganancia patrimonial injustificada" y se computaría el delito en el ejercicio que se ha descubierto por el fisco. Ahí, en principio, no habría prescripción alguna. El inversor es culpable mientras no demuestre lo contrario.

Corresponde al poseedor de tal fortuna en Liechtenstein demostrar que la tiene de antiguo si quiere evitar que se le aplique a toda su inversión tal rasero penal. Pero, incluso aunque consiguiera demostrar que depositó toda su suma en ejercicios penalmente ya prescritos, los sabuesos de Anticorrupción tienen aún dos caminos para perseguir a tales evasores: los inversores opacos habrían hurtado al fisco los rendimientos obtenidos año tras año por su capital opaco y, además, lo habrían ocultado en sus sucesivas declaraciones de patrimonio. Pero este último doble capítulo hace más difícil que el evasor alcance la cantidad mínima defraudada para la comisión del delito, los mencionados 120.000 euros por persona.

La investigación se inició a instancias de Alemania, que descubrió, mediante un confidente, el mayor fraude fiscal de su historia, con más de 1.000 ricos implicados. A mediados de febrero, las autoridades tributarias de ese país enviaron información a unos 15 países en los que se habían detectado implicados, entre ellos España.

Una vez terminadas las indagaciones, la Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción la lista con los 198 residentes en España, que almacenaban el dinero en 80 depósitos. Ahora será la justicia la encargada de citarlos y determinar su responsabilidad. Todo ello a falta de que salten sorpresas y algún inversor se declare testaferro de fondos de origen delictivo (corrupción, narcotráfico, etcétera), que abriría la senda penal del blanqueo.

Hacienda explica que todos los investigados son personas físicas (no sociedades), generalmente ligadas entre sí por vínculos familiares. Fuentes cercanas a la investigación subrayan que ha habido contactos entre inspectores españoles y alemanes e incluso se han planteado registros domiciliarios, pero finalmente la Agencia ha puesto el asunto en manos de la justicia.

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que aglutina a casi todo el colectivo, celebra los resultados pero advierte de que este caso es "la gota que colma el vaso de los paraísos fiscales". El portavoz de esta organización, José María Peláez, pide al Gobierno español que se sume a los países que intentan desterrar esos territorios libres de tributación y opacos para las autoridades.