El nuevo trasvase, obstaculizado por los regantes, que quieren salvar la siembra

Las obras de mejora de las canalizaciones de riego en el delta del Ebro con las que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha asegurado que se generará un excedente de 50 hectómetros cúbicos de agua para enviar a Barcelona, no podrán comenzar al menos hasta el mes de diciembre. Así lo aseguraron ayer las dos comunidades de regantes del Ebro, que prácticamente se tomaron a broma la propuesta: "Estamos en plena campaña de riego, los campos están inundados y es imposible que entren a trabajar las máquinas", señaló el presidente de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha, Manel Masià.

Masià cree que hacen falta cinco años para sustituir las acequias

Los regantes denuncian que las obras han estado años paradas

El Gobierno central quiere que las obras en la AP-7 las asuma la Generalitat

El Ejecutivo catalán, reacio a encargarse de los trabajos para instalar la tubería

Los regantes reiteraron que no se han reunido con miembros del Ejecutivo central ni del catalán para negociar la interconexión de redes ni compensación alguna. Recordaron que la Generalitat tiene en el cajón un plan de mejora de las canalizaciones de la margen derecha desde hace cuatro años y que el Departamento de Medio Ambiente no lo ha autorizado debido a su impacto ambiental. Este proyecto, el mismo que ahora el Ministerio de Medio Ambiente pretende recuperar, prevé el cubrimiento de unos 300 kilómetros de acequias, según Masià, que juzgó "imposible" que unas obras de este calibre puedan completarse en menos de cinco años.

Ayer mismo, como cada año en abril, los regantes de ambas márgenes del delta del Ebro iniciaron la campaña de riego. Se trata de una inundación literal de todos los campos de arroz, que permanecen cubiertos de agua hasta el mes de diciembre o incluso hasta enero algunos años. "Todas las obras que hemos hecho en el delta las hemos hecho entre febrero y abril", señaló ayer el dirigente de los regantes de la margen izquierda, Lluís Pegueroles. Esta comunidad, que agrupa unos 4.300 regantes, tiene hoy ya recubierto casi el 35% de sus canalizaciones.

Estas comunidades de regantes son las propietarias de la concesión de 120 hectómetros cúbicos anuales que suministran al Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), organismo que consume unos 80 hectómetros. Los regantes cobran alrededor de cuatro millones de euros anuales por esta cesión. "Nunca nos hemos negado al diálogo. Se puede hablar de todo, lo que pasa es que nadie nos ha llamado para hablar", dijo ayer Pegueroles. Ambas comunidades expresaron su rechazo absoluto a esta interconexión y aseguraron que agotarán todas las vías, incluso la jurídica, para hacer frente al proyecto. "Tenemos que ver al detalle el decreto", dijo el presidente de los regantes de la izquierda, que avanzó que lo observarán con lupa dado que la ley que autorizó la puesta en marcha del CAT en 1981 especifica que el agua del Ebro no puede salir de la provincia de Tarragona.

La federación de regantes de la cuenca del Ebro, que abraza toda la cuenca desde el nacimiento del río hasta su desembocadura, también se ha mostrado contraria a la interconexión.

Oficialmente, el Gobierno catalán ha aceptado el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente para instalar una tubería en el lateral de la autopista AP-7 que lleve el agua del Ebro de Tarragona a Barcelona en un plazo de cuatro meses. En la práctica, el Ejecutivo que preside José Montilla tiene miles de dudas sobre la viabilidad de ese plazo. El plan partió de Aguas de Barcelona, pero esta firma hablaba de seis meses y no de cuatro. Hay una segunda oferta para la obra, procedente de Sacyr, que ayer declinó hacer comentarios.

Abertis, concesionaria de la autopista, ha elaborado un informe técnico sobre las posibilidades de la obra. Fue remitido al Ministerio de Fomento, que lo reenvió a la Vicepresidencia del Gobierno. En él, sin cuestionar la viabilidad de la obra, se señalan los puntos más difíciles. El problema es que algún tramo requeriría una expropiación. El Gobierno central ha sugerido hacer un "encargo de gestión" a la Agencia Catalana del Agua (ACA). El hecho ha sido interpretado como un "regalo envenenado" para que sea la Generalitat la que se estrelle por no cumplir los plazos.El informe de Abertis tiene carácter provisional, porque el trazado definitivo no está decidido. Debería conocerse mañana, cuando sea aprobado por el Consejo de Ministros. Según el trazado, las dificultades serán más o menos.

Ayer se celebró una reunión en la sede de la ACA en la que participaron representantes de este organismo y también de Aguas Ter-Llobregat (la empresa pública que gestiona el agua de ambos ríos y la distribuye a las empresas que realizan el suministro domiciliario). Hubo también representantes de Aguas de Barcelona, la principal de las empresas suministradoras de agua en Cataluña.

En esta reunión se pusieron de manifiesto las serias dudas sobre la viabilidad de los plazos y las reticencias de la ACA a aceptar el "embolado" de hacerse cargo de la obra. También se comentaron las dificultades apuntadas por el informe elaborado por Abertis sobre el trazado que debe seguir la tubería.