El PP prepara la guerra del agua

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, los populares Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, se preparan para una nueva guerra del agua. Ambos, que hoy mantendrán una reunión en Valencia, consideran una provocación la decisión del Gobierno de llevar agua del Ebro a Barcelona y exigen poder abastecerse, como Cataluña, de los excedentes de este río. Valcárcel aseguró ayer que tanto él como Camps están en disposición de movilizarse para reclamar su derecho al agua. "No sería la primera vez, pues ya antes se hizo lo propio en Valencia, Alicante y Murcia", dijo Valcárcel.

El PP pide la comparecencia del presidente del Gobierno

Zapatero dice que a "ningún español le faltará agua para beber"

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, anunció que la Generalitat valenciana estudia todas las "acciones legales que permitan hacer extensible" el trasvase del Ebro hacia la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. "Camps pondrá en marcha cuantas iniciativas y movilizaciones sean necesarias", remachó.

El déficit estructural de la cuenca del Segura es de 450 hectómetros cúbicos al año y el del Júcar, según el Libro Blanco del agua editado en 1998, de 350 hectómetros cúbicos. Sin embargo, las medidas de ahorro adoptadas han impedido que se produjesen cortes en el suministro para consumo humano en la Comunidad Valenciana.

Camps desplegó ayer una frenética actividad para convertir la exigencia del trasvase del Ebro en una prioridad del PP nacional. La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitó una comparecencia urgente del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que explique a la Cámara el "cambio de criterio" en su política hídrica.

Sáenz de Santamaría reconoció que el PP no descarta movilizaciones si, tras las explicaciones del Gobierno, no se garantiza la igualdad en el derecho al agua para todos los territorios.

La dirección del PP valenciano anunció para el próximo sábado un acto de partido en el que Mariano Rajoy abordará el tema del agua con Camps, Valcárcel y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas. Los alcaldes de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, todos ellos populares, anunciaron también que se reunirán la semana próxima para movilizarse y reclamar el derogado trasvase del Ebro, y los gobiernos de Camps y Valcárcel acordaron llevar la guerra del agua a sus respectivos Parlamentos.

En Aragón, el Gobierno del socialista Marcelino Iglesias se reunió en una sesión extraordinaria para reiterar su oposición a cualquier trasvase del Ebro, informa Concha Monserrat. Pero respecto a la solución del Gobierno para Barcelona, Iglesias dijo que primero hay que estudiar si la medida es o no un trasvase, aunque consideró "lógicas" las protestas de la Comunidad Valenciana y Murcia.

La oposición al trasvase de entrada por parte del Ejecutivo de Marcelino Iglesias se adoptó ayer basándose en el Estatuto de autonomía, que obliga a los poderes públicos aragoneses a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma" y en los pactos de gobierno con el PAR, que obligan a oponerse a los trasvases.

El Gobierno aragonés acordó solicitar al ministerio toda la información sobre la medida adoptada para llevar agua a Barcelona, encargar un informe a los servicios jurídicos que dictamine si se trata o no de un trasvase, e instar a las Cortes de Aragón a que elaboren un informe preceptivo para cualquier intento de trasvase del Ebro. El PP de Aragón anunció que estudia convocar movilizaciones contra el trasvase a Barcelona.

José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalitat, José Montilla, se reunieron ayer. La solución acordada el día anterior le parece adecuada a Montilla, después de días de tensión con el Gobierno central al exigir una ayuda inmediata del Estado y, como solución a medio o largo plazo, la apertura de negociaciones con Francia para que pueda producirse un trasvase del Ródano. En la reunión, Zapatero aseguró a Montilla que no faltará agua de boca para Barcelona y su área metropolitana. "A ningún español le faltará agua para beber", añadió Zapatero, según informan fuentes oficiales.

Pero Zapatero no estuvo solo en la defensa del acuerdo con Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, sentenció: "Hay que dar de beber al sediento".

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, recordó que la fórmula que ahora se aplicará para atender las necesidades de Barcelona ya se utilizó en la anterior legislatura en Murcia y la Comunidad Valenciana para garantizar el abastecimiento.

La ofensiva del PP, incluso pidiendo la comparecencia de Zapatero en el Congreso, motivó que el portavoz socialista José Antonio Alonso preguntara: "¿Está de acuerdo el PP en que se suministre agua para consumo a Barcelona, sí o no? ¿Quién se puede oponer?". Aun así, en las filas socialistas hay inquietud por el impacto que puede tener una campaña fuerte y sostenida del PP en Valencia, Murcia y Almería.

La guerra del agua también enfrentó a ecologistas y agricultores. Las principales asociaciones ecologistas cargaron contra el trasvase. Los ecologistas, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF/Adena, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción criticaron que en los últimos cuatro años no se han llevado a cabo las medidas de ahorro y que Aragón y Cataluña promueven regadíos insostenibles. A la pregunta de cómo evitarían las restricciones en Barcelona, concedieron: "No es tan grave que haya cortes de agua durante unos meses".

Los regantes del Segura recibieron la noticia con los brazos abiertos: "Se ha abierto el grifo del Ebro", sentenció Francisco del Amor, presidente del sindicato de regantes del trasvase Tajo-Segura, que agrupa a 70.000 agrcultores.