El agua que pierden las acequias del Ebro abastecerá Barcelona

Los más de cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona no tendrán restricciones en otoño si se ejecuta en el plazo previsto el proyecto acordado ayer por el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Las dos Administraciones acordaron un ambicioso plan que consiste en llevar a Barcelona el agua que ahora se evapora o se filtra en las obsoletas acequias que recorren el delta de Ebro.

En 15 días, el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural comenzará a cubrir hasta 100 kilómetros de estas acequias para evitar que el agua se pierda. Con ello se ahorrarán unos 50 hectómetros cúbicos al año, agua que el próximo otoño se enviará a Barcelona a través de una tubería soterrada paralela a la autopista AP-7.

La titular de este ministerio, Elena Espinosa, aseguró ayer en Barcelona que las obras en el delta, que inicialmente debían acometerse en dos años, se harán en sólo cuatro meses y empezarán en mayo.

La tubería por la AP-7 también debe estar terminada en otoño. La obra la pagará el Gobierno central, pero descontando su coste (al menos 170 millones de euros) de la inversión en infraestructuras que el Estatuto catalán prevé para Cataluña. La Generalitat aceptó. "El agua es ahora una prioridad", dijo el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar.

Apuntada la solución, vino el mensaje político, centrado en transmitir que no se trata de un trasvase, palabra tabú en el diccionario socialista: "En ningún caso estamos hablando de trasvase, pues el Ebro continuará llevando el mismo caudal; el agua que sacamos es la que ahorraremos modernizando los sistemas de riego", aseguraron al unísono la ministra Espinosa y el consejero de Medio Ambiente catalán. También enfatizaron que el agua sólo se sacará del Ebro en situaciones de emergencia. "No se trata de un trasvase permanente", recordó la ministra para atajar las críticas de los Gobiernos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de Murcia.

Efectivamente, entre las cláusulas del acuerdo se halla la de que sólo en situaciones de emergencia -con los pantanos por debajo del 20% de su capacidad- se podrá utilizar esta infraestructura para llevar agua a Barcelona. En caso de hacerlo será necesario un acuerdo específico entre el Gobierno central y la Generalitat.

Pese a que ayer todo fueron buenas caras, el Gobierno catalán ha tenido una difícil papeleta. Su opción de trasvasar agua del Segre de forma temporal ha sido arrinconada por el Gobierno central y la solución finalmente adoptada nunca fue considerada una opción real por la Generalitat. Además, ha sido una empresa privada, Aguas de Barcelona, la que ha tenido que aportar la solución para que la tubería hasta Barcelona pueda estar lista en seis meses y no en 21 como decía el Gobierno catalán.