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Barcelona beberá el agua que pierden las acequias del delta del Ebro

La tubería de la AP-7 se pagará con cargo a la inversión prevista en el Estatuto

Miquel Noguer

Los más de cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona no tendrán restricciones el próximo otoño si se ejecuta en el plazo previsto el ambicioso proyecto acordado ayer por el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Las dos administraciones acordaron un ambicioso plan que consiste en llevar a Barcelona el agua que ahora se evapora o se filtra en las obsoletas acequias que recorren el delta de Ebro.

En 15 días, el Ministerio de Medio Rural comenzará a cubrir hasta 100 kilómetros de estas acequias para evitar que el agua se pierda. Con ello se ahorrarán unos 50 hectómetros cúbicos al año, agua que el próximo otoño se enviará a Barcelona a través de una tubería soterrada paralela a la autopista AP-7. La ministra Elena Espinosa aseguró ayer en Barcelona que las obras en el delta, que inicialmente debían acometerse en dos años, se harán en sólo cuatro meses y empezarán en mayo. Esta parte de los trabajos costarán 24 millones, costeados por el Ministerio de Medio Rural.

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El agua a Barcelona llegará a través de la conducción del minitrasvase a Tarragona y, de allí, por una nueva tubería paralela a la autopista AP-7, que también debe estar terminada en otoño. Para evitar tener que hacer una nueva captación o firmar una nueva concesión el agua que se enviará a Barcelona será parte de los 120 hectómetros cúbicos anuales que los regantes del Ebro venden al Consorcio de Aguas de Tarragona y que no se utilizan en su totalidad. Fuera de los meses veraniegos hasta 40 de estos 120 hectómetros no se utilizan, aunque sí se pagan. Espinosa descartó ayer ninguna nueva retribución para los regantes más allá de financiar las obras para garantizar el ahorro de agua en las zonas de riego.

La obra de la tubería soterrada paralela a la autopista la pagará el Gobierno central, pero descontando su coste (al menos 170 millones de euros) de la inversión en infraestructuras que el Estatuto prevé para Cataluña. Eso podría obligar a dejar de acometer alguna otra obra considerada prioritaria hasta ahora.

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La Generalitat aceptó también esta parte del acuerdo. "El agua es ahora una prioridad", dijo el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, quien recordó también que las obras hidráulicas forman parte del capítulo de infraestructuras previsto en el Estatuto.

Apuntada la solución, vino el mensaje político, centrado en transmitir que no se trata de un trasvase, palabra tabú en el diccionario socialista: "En ningún caso estamos hablando de trasvase, pues el Ebro continuará llevando el mismo caudal; el agua que sacamos es la que ahorraremos modernizando los sistemas de riego", aseguraron al unísono la ministra Espinosa y el consejero de Medio Ambiente catalán. También enfatizaron que el agua sólo se sacará del Ebro en situaciones de emergencia. "No se trata de un trasvase permanente", recordó la ministra para atajar las críticas de los Gobiernos del PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia.

Efectivamente, entre las cláusulas del acuerdo se halla la que apunta que sólo en situaciones de emergencia -con los pantanos por debajo del 20% de su capacidad- se podrá utilizar esta infraestructura para llevar agua a Barcelona. En caso de hacerlo será necesario un acuerdo específico entre Gobierno y Generalitat. El resto del tiempo la obra permanecerá inutilizada.

Pese a que ayer todo fueron buenas caras, el Gobierno catalán ha tenido una difícil papeleta. Su opción de trasvasar agua del Segre de forma temporal ha sido arrinconada por el Gobierno central y la solución finalmente adoptada nunca fue considerada una opción real por la Generalitat. Además, ha sido una empresa privada, Aguas de Barcelona, la que ha tenido que aportar la solución para que la tubería hasta Barcelona pueda estar lista en seis meses y no en 21 como decía el Gobierno catalán.

Ayer, nadie quiso hablar del trasvase del Segre. De hecho, el consejero Baltasar dio por acabada la conferencia de prensa cuando una periodista preguntó por este asunto. "La ministra tiene que coger el tren", dijo a modo de excusa. Con todo, el Gobierno catalán da por enterrada esta opción, que el consejero Baltasar y su partido han defendido hasta el último minuto.

Elena Espinosa estuvo reunida por espacio de dos horas y media con el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar. Montilla se abstuvo de aparecer en la puesta en escena del acuerdo.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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