Alta tensión

La aplicación del plan económico para combatir la desaceleración económica, que prevé inyectar en la economía 10.000 millones de euros para estimular el crecimiento y compensar los daños causados por la crisis inmobiliaria, va a exigir sin duda un esfuerzo político y administrativo de primer orden. Y no sólo por la cuantía de los apoyos públicos, que equivalen a la mitad del superávit de 2007, sino porque algunas de las acciones previstas, como, por ejemplo, el adelanto en la licitación de la obra pública, requieren que el presidente del Gobierno y los ministros se vuelquen en romper la pesada inercia administrativa que tiende a retrasar cualquier proyecto. Además, el nuevo Gobierno debería aplicarse (con más voluntad que los cuatro últimos años) a favorecer la eclosión de un nuevo patrón de crecimiento económico con menos ladrillo y más innovación, por lo cual tendrán que aplicarse con precisión de neurocirujano los estímulos económicos dispersos en varios ministerios.

Por estas razones, puede resultar preocupante que no exista una total sintonía (precedentes ya los hay) entre el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el nuevo ministro de Industria, Miguel Sebastián, a quien se atribuye con cierto fundamento el patrocinio político de las ministras de Vivienda, Beatriz Corredor, y de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Pedro Solbes ha manifestado con cierto desabrimiento: "Yo soy el vicepresidente, a mí me corresponde tomar las decisiones de política económica y firmar los proyectos de ley", como respuesta a un supuesto choque de competencias con Sebastián. Es algo que no ofrece ninguna duda, y que Solbes podría haberse ahorrado tener que decir con una presentación pública bien pensada, en la que hubiera apadrinado al nuevo equipo económico. Pero como ese protocolo concertado no se ha producido, parece lógico inferir que efectivamente existen recelos de fondo que deberían haberse resuelto antes de la comunicación pública del nuevo Gobierno.

Dice bien el vicepresidente cuando asegura que el Ministerio de Industria -y su ministro- tienen funciones muy precisas. Si se respetan, se evitarán en el futuro conflictos políticos internos. El departamento que ahora dirigirá Sebastián tiene muchas tareas complejas por delante, y tampoco necesita que le compliquen mucho la tarea. Sin ánimo de exhaustividad, tiene que solucionar el gravísimo problema del déficit de tarifa, que ya supera los 12.000 millones como consecuencia del mecanismo tarifario infernal que construyó el PP; poner orden en la estructura empresarial del mercado eléctrico y gestionar, esperemos que con mayor éxito que en Endesa, el interés de EDF por Iberdrola; acabar con la inoperancia de la Comisión de la Energía; elaborar la nueva Ley General Audiovisual o llevar a buen puerto el apagón analógico. Para alguna de estas tareas necesitará la colaboración y la implicación de Solbes.