Cotino deja de gastar 600.000 euros para la dependencia

Juan Cotino, vicepresidente y consejero de Bienestar Social, reitera que las ayudas estatales para aplicar la ley de dependencia en territorio valenciano son insuficientes, incluso se alía con sus colegas de Madrid y Castilla y León para reclamar más financiación. Pero no gasta con la misma diligencia los fondos que efectivamente recibe.

El Consell tuvo que acordar el pasado diciembre una modificación de crédito para devolver al Estado 595.618 euros que la Generalitat había recibido para programas de integración social de discapacitados. Los fondos tenían carácter finalista e iban destinados a construir residencias y centros de atención para enfermos mentales o personas con discapacidad. El Consell argumenta en el acuerdo de modificación de crédito que se publicó hace dos meses en el DOCV que se habían retrasado las obras en varios centros en localidades como Ontinyent, Xàtiva, Llíria, Almoradí, Orihuela o en la Universidad Politécnica de Valencia, que eran los destinatarios de esas ayudas estatales.

El diputado socialista Antonio Torres esgrimió ayer la devolución de fondos estatales en un debate parlamentario en torno a la aplicación de la ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. Torres acumuló las ayudas estatales para centros de mayores, centros para discapacitados, los mínimos para atención de todos los dependientes, los fondos pactados con la Generalitat a tenor del número de dependientes que han acreditado diversos grados de discapacidad como prevé la nueva ley y la inversión estatal en el centro de referencia para enfermos mentales que se construye en Valencia. En total, 37 millones de euros en 2007.

María Soledad Linares, del PP, se limitó a contabilizar en tono jocoso los cien euros mensuales que el Estado aporta como mínimo para atención de todos los dependientes censados para negar la evidencia.

La obstrucción de parte de la Administración autonómica a la aplicación de la ley estatal en territorio valenciano tropezó ayer con un segundo frente. CC OO anunció dos demandas contra el Consell por recurrir a una empresa privada de reciente creación, Avapsa, para certificar el grado de dependencia de los ciudadanos que pueden acogerse a los beneficios de la ley de Dependencia. La propia ley establece que los órganos de valoración de la situación de dependencia tendrán carácter público.