El Gobierno arrienda 600 pisos para gente sin recursos

El Gobierno de la Generalitat ha alquilado alrededor de 600 pisos para luego realquilarlos, a un precio más bajo, a personas que sufren riesgo de exclusión social o que no tienen recursos. Esta bolsa de alquiler, todavía modesta, es independiente de las que tienen empresas públicas o concertadas de intermediación y de las que se dirigen en exclusiva a jóvenes. En este caso, explican fuentes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, se trata de pisos movilizados a través de un programa de cesión a la sociedad pública Adigsa para introducirlos en el mercado de alquiler social.

El programa consiste en que un propietario le arrienda el piso a la Generalitat por un precio convenido, y ésta, a su vez, lo alquila a alguien que, por sus condiciones sociales o económicas, quedaría fuera del mercado de la vivienda. Además de estos pisos, en los tres últimos años el Ejecutivo ha sacado al mercado unas 7.400 viviendas a un precio más bajo que el de mercado a través de bolsas de alquiler.

Estas medidas están previstas en la Ley para el Derecho a la Vivienda, que entró en vigor ayer sin que todavía se hayan aprobado algunos de los reglamentos necesarios para aplicación. Uno de ellos, el del registro de solicitantes, saldrá a información pública la semana que viene. Otros tres no tienen fecha: el que debe fijar las condiciones mínimas para que una vivienda sea habitable, el del registro de agentes de la propiedad inmobiliaria y el listado de constructores (de adscripción voluntaria) que acrediten buenas prácticas.

El Gobierno tiene un año por delante para redactar el Plan Sectorial Territorial de Vivienda, el decreto que hará viable aplicar toda la ley. Este documento fijará buena parte la política de vivienda de los próximos años. Se trata de un estudio detallado por municipios de la demanda, el estado de los pisos y su ocupación. El alquiler forzoso depende de este plan, puesto que la ley establece que sólo se podrá aplicar en zonas con "una fuerte y acreditada demanda".

La semana que viene también está previsto que la Generalitat saque a información pública el precio de la Vivienda de Precio Concertado de Cataluña. Se trata de una nueva figura con precios más altos que la actual vivienda de precio concertado e inferiores que los de la libre, y que en la que los promotores inmobiliarios esperan poder acogerse para tratar de vender el stock de pisos que no pueden despachar por la crisis.

Fuentes cercanas al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda explicaron que se prevé que la secretaria de Vivienda, Carme Trilla y el presidente de los promotores catalanes, Enric Reyna, cierren entre hoy y mañana los precios de estos pisos, que se podrían situar en unos 3.700 euros el metro cuadrado en Barcelona. Los promotores se comprometen a bajar precios y la Generalitat a incentivar la demanda con ayudas y mejoras en la financiación.