Excusas para perseguir el aborto

El caso Isadora. Una clínica de abortos investigada judicialmente a instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Una veintena de mujeres, entre ellas una adolescente rumana de 14 años, llamadas a declarar, algunas citadas en sus casas, con su familia delante. Todo ello sustentado en dos falsedades: la existencia de fetos en muy avanzado estado de gestación en los contenedores de residuos de la clínica y la utilización de un fármaco peligroso y prohibido.

El Anatómico Forense determinó que no había fetos de más de 22 semanas

El Seprona insinuó falsamente que la psiquiatra no tenía el título

Para abrir el caso, el Seprona desobedeció a un primer juez que lo desestimó y ocultó información a otros dos para lograr, "sin el más mínimo indicio fundado" (en palabras del primer magistrado), la apertura de una causa judicial contra la clínica. Se ha imputado a tres médicos, que se han negado a declarar hasta que se concreten los hechos y delitos que supuestamente pueden haber cometido.

Las dos falsedades han sido desmontadas. Primero, la que se refiere al tiempo de gestación cuando se practicaron los abortos. Ninguno de los fetos hallados tenía más de 22 semanas. El Seprona había encontrado restos de nueve, cuatro de ellos conservados en botes de formol. Sobre los cinco primeros no hay duda: todos tienen menos de 22 semanas según se indica en un informe firmado el 13 de marzo de 2007 por el Anatómico Forense. En un segundo informe se estudian los fetos conservados en formol. El estudio indica la dificultad para determinar con fiabilidad la edad gestacional, pero asegura que la "longitud del fémur" es la mejor forma para estimar la edad fetal durante el segundo y el tercer trimestre de embarazo. Según este criterio, como remarca el Anatómico Forense, los cuatro fetos estarían dentro de las 22 semanas. Según otro criterio menos fiable, dos de ellos podrían tener unos pocos días más. Es decir, en ningún caso existieron abortos de siete u ocho meses de embarazo.

En cuanto al Cytotec, el supuesto fármaco prohibido, un informe, también del Anatómico Forense, de 8 de junio de 2007, asegura que "en ninguna de las muestras" fetales se ha detectado "misoprostol (Cytotec)". Este fármaco se vende en España para tratar la úlcera péptica, pero "su principio activo es muy adecuado" para la preparación de una mujer ante un aborto, indican fuentes de Sanidad, porque está "avalado por estudios científicos".

De hecho, el ministerio recibe cada año unas 5.000 peticiones de médicos para utilizarlo en interrupciones del embarazo y hay incluso una petición de un laboratorio en la Agencia Europea del Medicamento para que se apruebe este uso, ya que es un buen dilatador del útero, informa Emilio de Benito. Un estudio del Instituto Anatómico Forense también indica que el Cytotec "se emplea con frecuencia como abortivo".

Otra de las sospechas que lanza la Guardia Civil recae sobre una psiquiatra de la clínica. En varios documentos se insinúa que la mujer carecía de titulación. Cuando finalmente se pide información al Ministerio de Educación, el juez verifica que la doctora es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca (1968) y especialista en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona (1985). La Guardia Civil pidió también al juez poder pinchar el teléfono de la psiquiatra, alegando que probablemente estaba recibiendo información telefónica para destruir pruebas. Tras cuatro semanas de escuchas (entre diciembre de 2007 y enero de 2008), concluyeron que no había habido "conversaciones que puedan poner de manifiesto que se están tratando de ocultar pruebas e indicios".

El caso comenzó el 16 de febrero de 2007, cuando algunos agentes del Seprona se personaron en Isadora para una supuesta inspección de la gestión de los residuos. Mandaron inmovilizar los contenedores con los residuos que iban a ser trasladados a la empresa encargada de su gestión y horas después acudieron al juez de guardia de Madrid alegando que en el centro había restos de fetos -algo evidente, dado a qué se dedica la clínica-, y que querían abrir los bidones. El juez fue claro: no dio su autorización, afirmó que no había "el más mínimo indicio" de delito, y conminó a la Guardia Civil a dejar de elucubrar sobre abortos ilegales.

Pero los agentes no cejaron en su empeño, a pesar de que en su inspección -motivada, entre otras cosas, por una denuncia de la plataforma antiabortista La Vida Importa- no habían visto nada en concreto. Comunicaron a la Comunidad de Madrid que los contenedores debían retirarse por riesgo sanitario -peligro creado al inmovilizarlos y sacarlos de la cadena de frío-. Finalmente se abrieron sin autorización judicial.

Después, los agentes del Seprona volvieron a los juzgados de Plaza de Castilla señalando que había fetos muy grandes y que se había encontrado un blíster de un medicamento prohibido en los abortos. Esta vez los agentes, ocultando que un primer juzgado les había denegado el permiso para seguir adelante, lograron que otro magistrado abriera el caso.

La investigación lleva más de un año en marcha. El proceso recibió un impulso importante a finales del año pasado, cuando saltó a los medios el caso de las clínicas de abortos del doctor Morín en Barcelona, que nada tiene que ver con éste. Desde hace meses, asociaciones de mujeres y clínicas de abortos piden una reforma de la ambigua ley de despenalización del aborto para que médicos y mujeres no queden desprotegidos ante cualquiera que desee iniciar una campaña.

Dos guardias civiles del Seprona acuden a la Clínica Isadora para comprobar la gestión de residuos del centro. El camión de una empresa de gestión de residuos estaba en esos momentos recogiendo algunos contenedores. La Guardia Civil ordena su inmovilización. Los agentes acuden al Juzgado de Guardia de Madrid para pedir autorización para abrirlos. El juzgado (número 6 de Instrucción) lo deniega ante la falta del "mínimo indicio" de la comisión de algún delito. - 17 y 18 de febrero de 2007. Los residuos siguen precintados a pesar de la decisión del juez de guardia. La Guardia Civil mantiene los contenedores inmovilizados. - 19 de febrero de 2007. La Guardia Civil acude a la Comunidad de Madrid para proseguir con la investigación ante la negativa judicial. Después de muchas llamadas telefónicas consiguen que la Consejería de Sanidad se comprometa a retirar los contenedores. - 20 de febrero de 2007. Los contenedores salen camino de un tanatorio privado de Alcobendas. Allí son abiertos en presencia del jefe técnico de la consejería de Sanidad, dos guardias civiles y un médico del tanatorio. Los agentes llaman por teléfono, en mitad del proceso, al juzgado de guardia de Alcobendas, que les dijo que debían ir a Madrid, porque es de donde habían salido los bidones con los restos. Le ocultaron que un juez de Madrid había denegado la petición. En los contenedores aparecen, entre otras cosas, nueve fetos que la Guardia Civil considera que pueden tener más de 22 semanas, límite de la clínica para practicar abortos. Los agentes del Seprona vuelven, una vez más, a los juzgados de plaza de Castilla a contar el caso, con un nuevo atestado. Omiten que ha sido archivado días atrás por el número 6. El juzgado de guardia en ese momento autoriza el examen de los fetos y el atestado recae por reparto en el 47. Después de cuatro días intentándolo, consiguen que se abra una causa judicial que está siendo instruida por el juez José Sierra Fernández.