Protección de Datos archiva la investigación de la Clínica Isadora

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado el procedimiento iniciado contra la clínica de abortos Isadora, por una presunta vulneración de los deberes de seguridad y secreto de la normativa de protección de datos.

Según la resolución de la AEPD, los contenedores en cuyo interior aparecieron, durante una inspección de la Guardia Civil, documentos con datos personales y botes de plástico con etiquetas identificativas de pacientes junto con residuos clínicos cumplían todos los requisitos, ya que eran opacos, contaban con cierre hermético y su destrucción se realiza mediante incineración. El fallo de la AEPD destaca que ha quedado acreditado, según las actas de inspección de la Guardia Civil, que dichos contenedores "no estaban en la vía pública", sino que estaban en el interior de la clínica desde donde después fueron trasladados al vehículo de la empresa encargada del traslado para su destrucción.

Añade que, tal y como se señala en las actas de la Guardia Civil, fueron los agentes actuantes en la investigación quienes ordenaron que estos fuesen devueltos al interior de la clínica Isadora, donde fueron precintados hasta su traslado y posterior apertura en el tanatorio de La Paz. Además se ha comprobado que la clínica contaba con un documento de seguridad en el que se fijaban las medidas de seguridad de nivel alto, exigidas por ley de protección para los datos sobre la salud de las personas y se ha verificado que tiene un protocolo de actuación para mantener la confidencialidad de las pacientes con instrucciones para la destrucción de los documentos que se desechen.

Dos falsedades

De este modo, la AEPD no ha encontrado evidencias de que la información se encontrase en un contenedor de basura en la vía pública y no consta que la información relativa a la identificación de los pacientes fuese accesible a terceros no autorizados. Así, la clínica no ha vulnerado la legislación sobre protección de datos, no así los agentes del Seprona. Según otro dictamen de la AEPD, los agentes que han acudido en los últimos meses a las casas de algunas mujeres que abortaron en Isadora para llamarlas a declarar como testigos en la causa abierta contra el centro incurrieron en una "mala práctica".

Hacían la citación personalmente, sin verificar que la persona estuviera a solas en la casa, con el consiguiente riesgo de que los familiares, amigos o parejas pudieran enterarse de que se habían sometido a una interrupción del embarazo. En algún caso, encontraron a la mujer en casa con sus hijos menores. Esta práctica, cuando compromete la confidencialidad y puede permitir a terceros conocer información tan sensible como una interrupción de embarazo, "es infractora de la Ley de Protección de Datos", según el director de la AEPD, Artemi Rallo.

El caso Isadora arranca el 16 de febrero de 2007. Una veintena de mujeres, entre ellas una adolescente rumana de 14 años, han sido llamadas a declarar, algunas citadas en sus casas, con su familia delante. Todo ello sustentado en dos falsedades: la existencia de fetos en muy avanzado estado de gestación en los contenedores de residuos de la clínica y la utilización de un fármaco peligroso y prohibido.