Gobiernos al agua

El Gobierno central es competente a la hora de decidir si el agua debe sacarse del afluente de un río (el Segre lo es del Ebro) que dibuja un triángulo nororiental en España. Nadie debe rasgarse las vestiduras por el hecho de que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se oponga a lo que la Generalitat de Cataluña llama eufemísticamente "captación" de agua del Segre. Pero quien es competente para negar, también debe serlo para aportar soluciones creíbles a una grave emergencia que amenaza a cinco millones de habitantes de la región metropolitana de Barcelona. La vicepresidenta De la Vega aludió el pasado viernes a unos "pozos y corrientes subterráneas" como remedio. Luego, fuera de luz y taquígrafos, apuntó a la compra de agua del Ebro. Eso supondría únicamente 300 litros por segundo, cantidad irrisoria si no se acompaña de otras (el trasvase del Segre preveía 1.500 litros). A falta de precisiones, nos hallamos ante el cuento de la lechera. Ocurrencias así ante problemas angustiosos, irritan a los ciudadanos y provocan desafecciones.

Si la actitud del Gobierno es inaceptable, otro tanto sucede con la del grueso de los políticos catalanes. Durante los 23 años de CiU no se han organizado estructuras para evitar la escasez de agua. Bien es verdad que esa negligencia fue incentivada por las oportunistas protestas ecologistas de algunos partidos de izquierda contra los trasvases. Las desaladoras en obra, una solución seria, acabarán en mayo de 2009, un año tarde para la actual urgencia. Los vaivenes del consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar (Iniciativa), resultan patéticos: prevé un trasvase reversible del Segre y lo disfraza de "captación temporal"; no pacta con el Gobierno central esa solución, técnicamente solvente aunque políticamente complicada; oculta su existencia a la opinión pública por razones electoralistas; y al final se encomienda a la Moreneta impetrando lluvias, como si protagonizase un filme neorrealista italiano. El transporte previsto de agua por barco sólo cubrirá el 18% del consumo de boca de Barcelona, la ciudad con el agua más cara de España y cuyos habitantes, otra vez pagando las ineptitudes de gestión, están entre los que más agua ahorran del país.

En contraste con los sufridos ciudadanos, políticos locales de Lleida, Girona y Tarragona, han exacerbado el particularismo con el lema ¡a Barcelona ni agua! El Gobierno catalán debería afianzar su vacilante unidad e imponer sus prioridades sobre los egoísmos ruralistas. El consumo agrícola absorbe más del 75% del total y exhibe derroches escandalosos en el riego por inundación. Está obligado a actuar con firmeza en energía (conexión de muy alta tensión con Francia, a la que se opone Esquerra) o en el transporte (el cuarto cinturón de Barcelona, que critica Iniciativa) para evitar la depresión de los ciudadanos y la sensación de que la Cataluña metropolitana afronta una etapa de decadencia irreversible.