Caso y juez a la medida

La investigación judicial sobre supuestas prácticas abortivas ilegales en la clínica del doctor Morín, en Barcelona, pendiente todavía de dilucidar en el correspondiente juicio, fue el punto de arranque de una formidable campaña de sectores ideológicamente contrarios al aborto, en especial los grupos autodenominados provida, contra las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos previstos en la ley. Pero lo que no podía sospecharse es que la investigación llevada a cabo poco después por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil contra la clínica Isadora, de Madrid, tendría todos los visos de ser un caso prefabricado que los agentes mantienen abierto en un claro acto de desobediencia al juez que inicialmente ordenó su archivo y hasta que encontraron un juez más receptivo a sus propósitos.

Ya llamó la atención que la actuación del Seprona, inicialmente justificada por la denuncia de una plataforma antiabortista sobre la supuesta eliminación irregular de residuos orgánicos en la clínica Isadora, se transformara muy pronto en una búsqueda apremiante de abortos ilegales, excediéndose probablemente en sus competencias. Pero resulta especialmente grave que en contra del archivo inicial del caso y desoyendo las órdenes del juez de abstenerse de "elucubrar sobre abortos ilegales", los agentes del Seprona siguieran investigando por libre, manipulando los residuos sin autorización judicial y sólo con el aval sanitario de la Comunidad de Madrid, hasta que otro juez, ignorante de los antecedentes judiciales del caso, se avino a abrir nuevas diligencias.

La actuación de los agentes no sólo debe tener consecuencias administrativas, una vez que concluya la investigación abierta por el Ministerio del Interior. Deberá también tener consecuencias procesales, pues es difícil admitir que una investigación policial llevada a cabo con insuficiente o nulo control judicial sea válida y no contamine de nulidad el procedimiento entero. No basta que un juez lo avale con posterioridad, como se ha cansado de señalar el Tribunal Supremo. Pero, además, el procedimiento judicial seguido contra la clínica Isadora a partir de una investigación bajo sospecha parece dirigido sobre todo a intimidar a las mujeres que se acogieron a los supuestos de aborto previstos en la ley, además de indagar si hubo vulneraciones de la misma.

No se comprende que las primeras investigadas hayan sido las pacientes, incluidas dos menores de 13 y 15 años, con citaciones personales en sus domicilios que violan su intimidad, y no los responsables médicos y administrativos de la clínica. El aborto ilegal debe ser perseguido, pero no con mayor fuerza que debe ser amparado el aborto legal y la decisión de las mujeres que se acogen a él. Parece evidente que algunos jueces, y no sólo colectivos e instancias políticas beligerantes contra el aborto, tienen interés sólo en lo primero.