Catalanes (des)informados

Unas 15.000 personas salieron de nuevo a la calle el pasado domingo en Girona para manifestarse contra la línea eléctrica de muy alta tensión (la llamada MAT) entre España y Francia. Algunos estaban contra cualquiera MAT, pase por donde pase. Otros ven su necesidad, pero reclaman que se entierre para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

La MAT es un buen exponente de un conflicto social y político más amplio, entre la necesidad de contar con nuevas infraestructuras industriales y de movilidad (autopistas, túneles, líneas férreas, trasvases, aeropuertos, parques eólicos, instalaciones eléctricas, grandes superficies comerciales e industriales), y la preservación del medio ambiente; un conflicto que tiene consecuencias importantes para el crecimiento, el empleo y el bienestar.

Hace falta un modelo que tenga más en cuenta las necesidades futuras y sus costes

Cataluña es la comunidad española donde es más difícil y engorroso llevar a cabo nuevas inversiones industriales y construir infraestructuras. Tanto que, si he de creer lo que oigo, muchos empresarios tienden a deslocalizar sus inversiones hacia otras comunidades.

No tengo datos a mano para comprobarlo, pero sí puedo afirmar que es una opinión cada vez más extendida, no sólo en el mundo empresarial, sino también entre técnicos y responsables públicos de infraestructuras.

¿Cómo explicar esta mayor dificultad? Lo más habitual es que los mismos que expresan esa opinión afirmen que la causa está en la falta de liderazgo social de nuestros políticos y en el hecho de que ponen sus propios intereses o los de su partido (mantener el cargo o el número de diputados o concejales) por delante del interés general.

Pero, si fuera así, ¿por qué nuestros políticos, tanto los autonómicos como los locales, son más incapaces y egoístas?

Hay dos posibles explicaciones. Una tiene que ver con la política; la otra, con los valores y actitudes predominantes en la sociedad en el tema del medio ambiente. No son excluyentes.

La política catalana está en una nueva transición en la que aún no ha cuajado una nueva correlación estable de fuerzas políticas que permita liderazgos fuertes. Eso favorece el dominio de los particularismos, geográficos o de partido, frente al interés general.

Pero bajo esta debilidad hay una causa social. Sectores amplios e influyentes de la sociedad quieren mayor bienestar personal, pero rechazan las consecuencias que éste comporta para el medio ambiente. Es la versión catalana del conocido NIMBY anglosajón, el acrónimo de "not in my back yard"; es decir, sí a las infraestructuras, pero no en mi patio trasero.

He vuelto a leer un documento que me llamó la atención. Se trata de 'L'estat de la societat', publicado en el L'informe de tardor 2005, de la Fundación Catalunya Oberta, una encuesta para conocer el estado de opinión y los criterios de los catalanes en relación con cinco temas importantes: inmigración, medio ambiente e infraestructuras, representación política, enseñanza y España y el mundo.

Lo interesante es que la encuesta preguntaba sólo a las "personas informadas de Cataluña (EPIC)". Por lo que se ve, hay una cierta esquizofrenia de los catalanes cultos e informados en relación con las infraestructuras y el medio ambiente.

Como señala irónicamente Salvador Giner al comentar la encuesta, resulta sorprendente que el 42,7% esté en desacuerdo con la idea de que el bienestar depende del aumento del consumo de energía eléctrica. Una hipótesis sería que casi la mitad de la gente informada y culta se ha convertido a una visión austera de la vida moderna. Pero es demasiado optimista hasta para los ecologistas y ambientalistas. Naturalmente, hay otra hipótesis: los encuestados no son conscientes de la dependencia de su "bienestar" material de la energía eléctrica (ordenadores, televisión, neveras y otros electrodomésticos, luz, fuerza industrial, etcétera).

Esa sospecha se confirma en la respuesta a una pregunta trampa de los encuestadores: el 70% asume que su bienestar depende de un incremento de la movilidad (más vacaciones, viajes aéreos, autopistas, túneles, trenes) y el 93% expresa el piadoso deseo de que los efectos medioambientales negativos del consumo ilimitado de energía han de hacerse compatibles con el incremento del bienestar. Vamos, un "pensamiento ecologista superficial", bienintencionado, pero incoherente.

Si esto es lo que piensan las personas inteligentes y cultas de Cataluña, hay que concluir que son personas desinformadas.

Tenemos un problema. Pero los políticos no pueden resolver lo que la sociedad aún no comprende y rechaza.

¿A qué se debe? Hay un déficit de capacidad de análisis en la sociedad. Pero la razón no es, a mi juicio, como afirma Joan Guitar en la citada publicación, el sometimiento del país a "décadas de dictadura antidemocrática y antiliberal". Ya llevamos décadas de democracia, tantas que los que salen a la calle no conocieron la dictadura.

La causa está en que las décadas de democracia no han cambiado el viejo modelo dictatorial en infraestructuras, consistente en enviar al territorio a los técnicos y a las máquinas para hacer la obra, acompañados, eso sí, de una pareja de la Guardia Civil.

Una sociedad democrática, libre y reivindicativa necesita un modelo más deliberativo, un modelo con mucha información sobre las necesidades futuras de infraestructuras, las alternativas para cubrir esas necesidades y los costes de cada una de ellas. Ese nuevo modelo, además de información fiable, exige tiempo, transparencia y paciencia para escuchar todas las voces. Sólo así el interés general acabará sobreponiéndose a los intereses particularistas.

Y después de todo eso, sí que es necesario que surja un liderazgo político para llevar a cabo sin más dilaciones lo que sea más conveniente para el interés general. Pero ése es otro cantar.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.