Asalto a las cajas

El control político de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro no es un fenómeno particularmente vasco ni viene de ayer. Sin embargo, hasta hace unos pocos años no se hacía notar demasiado. Se diluía en la ocupación que ha hecho el nacionalismo institucional de casi todas las organizaciones del país como si fuera algo natural.

Ha sido el más reciente resquebrajamiento de su hegemonía lo que ha permitido vislumbrar la abusiva presencia de los partidos en estas entidades financieras, sobre todo cuando otras fuerzas han comenzado a disputar su predominio al PNV, que llegó a perderlo en Álava hace ocho años. Pero lo peor es que el exacerbamiento de la competencia por estar en y dominar los órganos de poder de las cajas -la asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control, principalmente- no ha hecho sino despojar a los partidos de los escasos depósitos de pudor que guardaban a la hora de manifestar sus apetencias. El zafarrancho en que se ha convertido la elección del consejo de administración de Caja Vital representa el ejemplo más extremo, pero los comportamientos perversos están compartidos en la Kutxa y la BBK, y en muchas otras entidades españolas.

El zafarrancho de la Vital representa el ejemplo más extremo del fenómeno

La mayoría de los designados tendría problemas para interpretar un balance

La singularidad de las cajas -unas empresas financieras sin propiedad definida y que reparte sus beneficios en obras sociales- concede un papel fundamental en la constitución de sus órganos de gobierno y decisión a los partidos políticos. Tienen asignada por ley nada menos que la mitad de los representantes en la asamblea general y el consejo de administración, a través de las entidades fundadoras -diputaciones y ayuntamientos de las capitales (20%)- y de las corporaciones de los municipios (30%) donde las cajas cuentan con oficinas. Los mayores esfuerzos, sin embargo, se concentran en apoderarse de ese 43% de representación que se reserva a los impositores. De forma paradójica, pero explicable, la confrontación más intensamente partidista se produce para apropiarse de la porción de poder que la ley atribuye a los clientes. Las candidaturas de los partidos, apenas emboscadas bajo denominaciones bien sonantes, desplazan obscenamente a cualquier impositor que sólo pretenda defender sus intereses depositados en la entidad.

El escándalo que debería producir esta apropiación habitual sería menor si los partidos se molestaran en buscar para sus candidaturas a profesionales reconocidos socialmente y con unas mínimas nociones del negocio bancario. Pero no. Lo que predomina es el perfil del militante, cuando no del político con asiento ya en las instituciones o en la cúpula del partido. Basta repasar los listados de vocales y consejeros de las tres cajas. De nuevo, con el estrambote de la Vital, que puede rizar el rizo de tener como vicepresidente con dedicación plena al presidente provincial de un partido (Iñaki Gerenabarrena, del PNV), mientras socialistas y populares dan el espectáculo forzando las normas y procedimientos hasta el paroxismo: los unos para conseguir la continuidad de Gregorio Rojo en la presidencia, y los otros, una vez desplazados de los órganos de gobierno, con el fin de impedirlo.

Para tranquilidad de sus clientes, la solvencia y buena administración de las cajas se asienta en la profesionalidad de sus ejecutivos y personal, y en la estricta supervisión del Banco de España, vigilante de los peligros que acechan a unos sistemas financieros cada vez más sofisticados. No descansa en la capacitación de los miembros que colocan los partidos en sus órganos de gobierno para, en teoría, fiscalizar con una visión social la marcha de las entidades y las decisiones de sus equipos directivos. Porque la mayoría de los designados tendría serias dificultades para interpretar un balance, y no se diga ya para calibrar los riesgos de un fondo de inversión sobre futuros o de la variación en medio punto de la morosidad en la cartera hipotecaria.

La cuestión es más primaria y contagia a todas las formaciones. Responde a la pulsión por controlar cualquier resorte de la vida social y, de paso, asegurar a los adictos y al propio partido una retribución adicional en forma de dietas. Sin embargo, este tipo de actuaciones no deja de tener su coste, aunque el cobro llegue de forma diferida. Se pagan en forma de descrédito y desinterés hacia la política así entendida, como vuelve a advertir el último Sociómetro. Contemplando la voracidad con la que los partidos se disputan el control de las cajas, ¿por qué los ciudadanos han de creerles cuando dicen que la fusión planteada responde única y exclusivamente a motivaciones de índole empresarial?