El 'huracán Cristina' se enfrenta a su gran reto

Cuando en la noche del martes Cristina Fernández se disponía a dirigirse a los argentinos para hablar sobre la huelga de productores agropecuarios, no imaginaba que sus palabras iban a desencadenar la mayor protesta social contra la presidencia de la República desde que los Kirchner llegaran al poder en abril de 2003. En su círculo de confianza se había impuesto la tesis defendida por su marido, el ex presidente, de que la huelga en realidad era un desafío político y que fiel al estilo de gobierno iniciado por Néstor Kirchner lo mejor era seguir adelante y doblar la apuesta. "Teniendo todo a favor fueron hasta el borde del abismo", explicaba ayer el analista Alfredo Leuco.

La inflación gira en torno al 25%, pero el Gobierno la sitúa por debajo del 9%

Fernández tachó de "extorsión" el paro y se burló de los todoterrenos de los huelguistas. Minutos más tarde la clase media ciudadana se unía en las calles a la protesta del campo. "Es una alianza histórica en este país", subrayaba el columnista Joaquín Morales Solá. En los dos días posteriores la presidenta siguió con su huida hacia adelante. Grupos de piqueteros emplearon la violencia contra la protesta ante la pasividad policial y el silencio de algunos medios de comunicación presionados. Hasta que en un gesto sin precedentes, Fernández pidió diálogo. La mandataria se considera víctima de una jugada política, pero lo cierto es que las cuentas económicas no cuadran pese de la constante reivindicación oficial de la gestión iniciada por Kirchner.

Con las líneas de crédito internacional cerradas, una de las tasas de inversión extranjera más bajas de Latinoamérica y falta de credibilidad ante instituciones económicas internacionales desde que por orden directa del Gobierno el organismo encargado de medir los índices de inflación se salta los métodos técnicos estipulados para ello, la Administración argentina necesita la constante inyección de dinero en efectivo que suponen las retenciones a las exportaciones del campo, el 61% de exportaciones del país. Y lo necesita porque en Argentina quien controla la caja ejerce el poder.

Desde los años treinta el Gobierno federal reparte a discreción fondos entre las provincias. En la práctica, los gobernadores que no quieren verse en dificultades apoyan al presidente, sea del signo que sea. El dinero sirve además para realizar las obras públicas con las que el kirchnerismo muestra su lado social, para otorgar millones de dólares anuales en ayudas sociales directas a las clases más desfavorecidas (su reserva de votos), y para presentar el dato objetivo de que por primera vez en los 200 años de vida del país se van a registrar cinco años consecutivos con superávit fiscal.

Pero el coloso económico tiene los pies de barro. Para poder mantener a pleno rendimiento la máquina exportadora -y por tanto recaudatoria- es necesario que la moneda nacional, el peso, tenga poco valor. Si el Gobierno argentino no interviniera constantemente comprando dólares el peso se apreciaría de inmediato y se reducirían drásticamente las exportaciones y sus ingresos. En el sistema financiero se inyectan millones de pesos a diario, pero esto dispara la inflación, a lo que colabora el que los argentinos no ahorran en pesos, por no confiar en su moneda. La inflación que manejan las entidades bancarias gira en torno al 25%, pero el Gobierno desde hace dos años niega la mayor y la sitúa por debajo del 9%. Esta distorsión falsea muchas otras cifras de la economía. Y políticamente ha separado al kirchnerismo de la clase media urbana que ve cómo su poder adquisitivo se esfuma mientras desde el Gobierno se proclama que Argentina va mejor que nunca.

El sistema necesita cada vez más dinero y a principios de mes Fernández decidió aumentar las retenciones a los ingresos por exportaciones de grano del 35% al 44%. El campo se rebeló y declaró una huelga observada de lejos desde las ciudades. Hasta que Fernández habló desde el atril.