El Gobierno catalán tacha a De la Vega de "desleal" por vetar el trasvase del Segre

La actuación del Gobierno central es "absolutamente irresponsable", "desleal" y, además, "frívola". La andanada no procede del PP sino del consejero de Interior de Cataluña, Joan Saura (ICV), y se produce tras el veto anunciado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al proyecto de trasvase desde el río Segre (afluente del Ebro) al Llobregat. El Gobierno catalán había proyectado un trasvase temporal (entre los meses de octubre y marzo) para el caso de que persista la sequía que se prolonga desde hace tres años y que ha dejado exhaustos los pantanos de los que se abastece la región metropolitana de Barcelona, con algo más de cinco millones de habitantes.

Arenas lamenta que se permita que agua de Almería viaje a Cataluña

Fernández de la Vega anunció el pasado viernes que el Ejecutivo central no autorizará el trasvase, y Saura replicó ayer con dureza. Además, anunció que Joan Herrera, diputado de ICV, llevará la sequía catalana al Congreso y exigirá soluciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno central está atrapado entre su negativa a los trasvases y la necesidad de agua en la ciudad de Barcelona, donde los embalses están al límite de la emergencia, con apenas un 20% de reservas. La Generalitat se defiende con semántica: afirma que la obra proyectada para llevar entre 20 y 45 hectómetros cúbicos del Segre al Llobregat no es en sí mismo un trasvase porque se trataría de una instalación provisional que sería desmontada en cuanto llegara la primavera y entrara en funcionamiento la desaladora que se construye en la actualidad en El Prat, junto a Barcelona, con capacidad de 60 hectómetros cúbicos al año.

Pero el juego semántico no convence apenas a nadie. Al consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, lo ha criticado casi todo el mundo. Unos, por el proyecto; otros, por negar los hechos cuando se hicieron públicos y acabar reconociéndolos. Incluso compañeros suyos del Gobierno catalán, como el consejero de Agricultura, Joaquim Llena, expresaron críticas abiertas al proyecto.

El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, reprendió a Llena con acritud en una reunión del PSC celebrada ayer en Barcelona. Montilla recordó que el primer problema es abastecer a los ciudadanos y añadió que se hará con agua de donde sea.

No todo el mundo está de acuerdo. El líder del PP en Andalucía, Javier Arenas, exigió ayer al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que prohíba que el agua de la desaladora de Carboneras (Almería) sea embarcada hacia Barcelona. Arenas tachó a Chaves y a Rodríguez Zapatero de "insolidarios" por consentir que el agua almeriense viaje a Cataluña. En un sentido muy diferente se manifestó el líder de la oposición en Cataluña, Artur Mas (CiU): reclamó a Montilla que acepte que la sequía no es flor de un día sino un problema estructural, y que aborde la que, en su opinión, es la solución definitiva: el trasvase de agua del Ródano.