El ladrillo del miedo

Los últimos indicadores de vivienda y construcción dibujan un empeoramiento muy intenso del mercado inmobiliario que empieza a asustar a los inversores y a los propietarios de viviendas. La compraventa de pisos cayó nada menos que el 27% en enero de este año respecto a enero de 2007, según las estadísticas difundidas por el INE; el número de hipotecas sigue bajando y también el volumen medio de los créditos, y, por si fuera poco, los promotores inmobiliarios prevén una caída del precio de la vivienda del 8% durante este año.

La primera consecuencia de esta caída inmobiliaria será un aumento del desempleo, que probablemente será más grave a partir del segundo semestre del año, cuando se confirme el parón en la construcción. También quebrarán o harán suspensión de pagos buen número de empresas inmobiliarias; los casos más recientes son los de Cosmani o Prasi. Y, si se confirma la caída del precio de la vivienda, se producirá una pérdida del valor patrimonial de los inmuebles, muchos de ellos pagados con créditos no amortizados, cuyos intereses no dejan de subir.

Asistimos al final de la burbuja inmobiliaria creada durante los gobiernos del PP y que empezó a desinflarse a principios de 2006, cuando el BCE reanudó la subida de tipos. Está por ver si esta depresión inmobiliaria afectará al sistema financiero; es más que probable que las instituciones bancarias hayan provisionado sobradamente los créditos que tienen con particulares y empresas. En cualquier caso, lo que de ningún modo debe hacer el Gobierno es atender las histéricas peticiones para aumentar las deducciones fiscales en vivienda. Sería un error, porque la subvención fiscal ha contribuido poderosamente a hinchar la burbuja cuyo final empezamos ahora a padecer. Las empresas promotoras e inmobiliarias han vivido un largo y próspero auge en el que se han beneficiado de una espectacular sobrevaloración de los activos y del dinero barato. Las reglas del mercado exigen que ahora se paguen los errores de gestión. Los contribuyentes no tienen la culpa de que en los periodos de vacas gordas algunas empresas no se preocuparan de aumentar sus reservas.

El mercado de la vivienda debe depurar el exceso de oferta, asimilar el parón que se viene encima y prepararse para una recuperación lenta a partir de mediados de 2009 en el mejor de los casos. Debe evitarse, eso sí, que el frenazo inmobiliario y la inevitable destrucción de empleo tenga efectos irreparables sobre el crecimiento y el bienestar. En repetidas ocasiones se ha reclamado un aumento de la inversión en obra pública, para reabsorber parte del empleo perdido. Sería aconsejable abordar también otras políticas de estímulo del empleo y deflactar la tarifa del IRPF para que el estímulo económico implícito en la reducción del impuesto no desaparezca con la inflación. Y el nuevo Gobierno debería explicar con claridad hasta dónde llega la desaceleración y cómo piensa aliviarla.