Castellón impulsa una ordenanza que penaliza la prostitución y la mendicidad
Sacar de la calle a los colectivos que "molestan". Ése es, según el PSPV y el Bloc, el objetivo de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana que elabora el equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de Castellón y que penaliza la prostitución y mendicidad. El concejal socialista Pep Lluís Grau considera que la norma, en período de alegaciones, no muestra "un objetivo claro" ni incluye una declaración de intenciones que permita vislumbrar qué se pretende regular. Para Enric Nomdedéu, portavoz del Bloc, la ordenanza es una parte mínima, y sólo la restrictiva, del Plan de Civismo que propuso su grupo hace ya más de dos años, y que contemplaba la posibilidad de desarrollar actividades de dinamización para mejorar la convivencia.
Ya en la exposición de motivos, el borrador de la ordenanza explica que: "No obstante el carácter y el talante cívico de la ciudadanía de Castellón, se dan en nuestra ciudad actitudes irresponsables por parte de personas o colectivos minoritarios que alteran la convivencia".
El texto que ha presentado el PP se fija a lo largo de 44 artículos en prostitutas, mendigos, "grafiteros" y vendedores ambulantes, entre otros, mientras se deja fuera, a juicio del PSPV, otras muchas actividades como la contaminación acústica o lumínica. El borrador incluye la imposición de sanciones económicas desde 750 a 3.000 euros a las actividades o actuaciones impropias de prostitutas o mendigos, y la posibilidad de sustituirlas por "trabajados para la comunidad", aunque no los detalla.
La ordenanza no sólo no gusta a los partidos de la oposición, sino tampoco a los vecinos que, a través del Consejo de Participación Ciudadana, han anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad.
Los vecinos piden una norma más concreta y entorno a cuatro ejes: la convivencia ciudadana; el cuidado y protección de los espacios públicos y del mobiliario urbano; la limpieza; el freno al exceso de ruidos, y el tratamiento de residuos. Los vecinos entienden, además, que el Ayuntamiento no debería limitarse a imponer sanciones económicas, sino a reeducar a los infractores.
El artículo que se refiere a la prostitución ha sido uno de los más criticados. Mientras el borrador habla de sancionar la "promoción, favorecimiento o prestación de servicios de naturaleza sexual", es decir a prostitutas y proxenetas, tanto el PSPV como el Bloc han coincidido en que debería penalizarse también al cliente. Además, el Bloc ha reclamado que se elimine la parte del artículo en la que se indica que esta actividad será sancionable "siempre y cuando altere la tranquilidad y/o seguridad de los ciudadanos". Por su parte, los vecinos apuntan que se trata de una actividad que precisaría de una especial regulación.
Al contrario de lo que ocurre con la prostitución, el PP sí ha incluido a los clientes en la prohibición de realizar actividades y servicios como "el tarot, la videncia, masajes, tatuajes o similares" en las calles. También se perseguirán, según el borrador, "aquellas conductas que bajo la apariencia de mendicidad representen actitudes coactivas o de asedio u obstaculicen e impidan de manera intencionada la libre circulación de los ciudadanos por los espacios públicos". Las sanciones apuntan, por ejemplo, a los gorrillas.
Otras de las prohibiciones llamativas que incluye el texto es la de practicar juegos o acrobacias con bicicletas, patines o monopatines en escaleras para peatones, bancos barandillas, pasamanos o elementos de mobiliario urbano; la colocación de publicidad en los parabrisas, así como la "venta de vehículos usados realizada fuera de establecimiento comercial", al considerarse venta ambulante no susceptible de ser autorizada.
En Valencia, una ordenanza similar acabó en un cajón después de un vivo debate durante el periodo de alegaciones. La iniciativa del gobierno de Rita Barberá, como en el caso de Castellón, pretendía sancionar a prostitutas -y clientes- cuando perturbaran a los viandantes, a limpiaparabrisas y aparcacoches. La oposición y la federación de vecinos presentaron alegaciones y alternativas a la propuesta del PP, que consideraron represiva hacia colectivos desfavorecidos.
Presentada a finales de 2005, la Ordenanza sobre Actuaciones en Lugares Públicos no pasó del periodo de alegaciones ante el alud de críticas y el reproche al PP de que pretendía limpiar las calles ante la Copa del América y la visita del Papa. En julio de 2007, el concejal socialista José Luis Ábalos preguntó qué había sido de la ordenanza. La respuesta del PP fue que a esas alturas ya habían desaparecido los motivos por los que se impulsó. Los grandes eventos habían acabado.
