Marbella revisa si se cobraron 11 convenios que firmó el GIL
Varias de las promotoras aparecen en el 'caso Malaya'
El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) revisará si ha cobrado lo que le correspondía por 11 convenios urbanísticos suscritos con diferentes empresas entre 2002 y 2005, época en la que gobernó el Grupo Independiente Liberal (GIL). Se trata de averiguar, según el portavoz municipal Félix Romero (PP), si los promotores que firmaron estos acuerdos con el Consistorio materializaron los pagos y, en caso afirmativo, quiénes los recibieron. Entre los convenios que se revisarán hay algunos suscritos con promotoras implicadas en el caso Malaya, como Aifos, Construcciones Salamanca o CCF 21.
La iniciativa surge por recomendación del Tribunal de Cuentas. Este órgano fiscalizador calculó que entre 2002 y marzo de 2006 el Ayuntamiento perdió 58 millones de euros por vender propiedades o aprovechamientos municipales a precio de saldo y dejó de cobrar a las empresas con las que firmaban los convenios hasta 9,7 millones de euros. El Tribunal de Cuentas considera que el gobierno del GIL tampoco se preocupaba de inscribir en el registro de la propiedad los edificios que recibía por permutas.
Tras estudiar el informe del Tribunal de Cuentas, el Consistorio ha decidido estudiar detenidamente 11 de estos acuerdos. También se ha aprobado la creación de un registro municipal de convenios urbanísticos.
Entre los convenios que se examinarán hay dos firmados en marzo y junio de 2004 con la empresa Aifos Arquitectura Inmobiliaria SA. En el segundo, la sociedad aportó unos locales situados en el centro de Marbella, valorados en cuatro millones de euros, a cambio de 15.628 metros cuadrados en aprovechamientos.
Otra de las promotoras, Construcciones Salamanca, de Emilio Rodríguez, adquirió mediante un convenio rubricado en junio de 2005, 1.605 metros cuadrados de aprovechamientos valorados en 1,6 millones de euros.
La empresa CFF 21, de Carlos Sánchez, debería haber pagado 3,5 millones por el acuerdo rubricado el 20 de enero de 2003 sobre la finca La Gitana. Según el Tribunal de Cuentas, no consta que CCF21 haya abonado 2,9 millones de euros por la licencia que obtuvo para 200 viviendas en 12 edificios.
Otros empresarios a los que se revisarán los convenios son José Ávila Rojas o Fidel San Román.
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