El Parlamento dirime hoy si se aborda el 'blindaje' de su presidenta

El primer pleno del Parlamento después de las elecciones decidirá hoy si toma en consideración la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara con la que el tripartito y Aralar pretenden blindar a la presidenta, Izaskun Bilbao (PNV), ante una eventual orden judicial de disolver el grupo parlamentario de la izquierda abertzale. El grupo concernido, EHAK, podrá ejercer de árbitro en la cuestión, que está abocada al empate entre los 33 votos que suman el tripartito y Aralar y los 33 del PSE y PP, opuestos a la iniciativa.

Los grupos del Gobierno presentaron la proposición de ley el 29 de enero, una semana después de conocerse la condena por el Tribunal Supremo del anterior presidente, Juan María Atutxa por la no disolución del grupo de Batasuna en 2003. Los máximos responsables de PNV, EA y EB advirtieron entonces de que esa condena suponía el "riesgo de derrumbe de la democracia". El tripartito y Aralar quieren añadir el siguiente párrafo al artículo 20 del Reglamento: "La disolución, por cualquier causa, de un grupo parlamentario, tendrá que ser acordada por el pleno de la Cámara vasca y por mayoría absoluta de los miembros de la misma".

Los proponentes consideran que la inexistencia de previsión reglamentaria expresa sobre esta cuestión, y el calado de una decisión como la de disolver un grupo parlamentario, aconsejan no dejarla en manos de la Mesa o de la Junta de Portavoces, sino elevarla al pleno.

De ese modo, los 75 parlamentarios tendrían que pronunciarse en votación, llegado el caso, en algo que constituiría un acto individual. Ello obligará a los tribunales, entienden los proponentes, a exigir las responsabilidades también de modo individualizado a los electos.

La incógnita sobre el futuro de la iniciativa reside en la actitud que adopte hoy EHAK. Fuentes de este grupo consultadas ayer no desvelaron si participará en el debate ni cuál será el sentido de su voto. Pero a los abertzales no les causa ninguna inquietud añadida a la de su propia ilegalización el problema que ésta pueda acarrear a la presidenta de la Cámara.

El pleno se pronunciará también sobre dos iniciativas incómodas que atañen a la consejera de Cultura, Miren Azkarate: la responsabilidad del Gobierno ante las irregularidades en la sociedad pública Berroeta Aldamar en la construcción del Museo Balenciaga y la compra de dólares para la adquisición de obras para el Museo Guggenheim, que ocasionó unas pérdidas de seis millones de euros.