La Guardia Civil imputa a 99 mujeres por aborto ilegal

La Guardia Civil ha analizado 139 historias clínicas de mujeres que acudieron a los centros del doctor Morín de Barcelona y ha imputado a 99 de ellas por un delito de aborto ilegal. Solamente en 17 casos, los agentes concluyen que los abortos se ajustaron a la ley, 15 de ellas no han sido localizadas, otras cinco no comparecerieron y tres se negaron a declarar.

Esa es la conclusión que se recoge en un informe elaborado por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y fechado el pasado 25 de febrero, que ya ha sido entregado a la juez de Barcelona que investiga el caso. Precisamente el contenido de ese informe es lo que llevó a la juez a levantar el secreto del sumario la semana pasada al considerar que era suficiente para continuar la tramitación de la causa.

Las 139 historias clínicas analizadas hasta ahora son una mínima porción de los 2.780 expedientes de abortos que se realizaron el año pasado en los centros del grupo Ginemedex-TCB y que fueron requisados en los registros realizados en octubre. Quedan, por tanto, otros 2641 historiales pendientes de analizar.

El artículo 145.2 del Código Penal castiga con penas de seis meses a un año o multa a las mujeres que aborten "fuera de los casos permitidos por la ley". Dichos supuestos son en que exista un grave peligro para la vida o salud de la madre, que el embarazo se haya producido por una violación y que exista peligro de malformaciones del feto. Sin embargo, sigue estando vigente el artículo 417.bis.2 del Código Penal de 1973 que exculpa a la embarazada si se ajusta a cualquiera de esos tres supuestos y aborta fuera de una clínica pública o privada y sin los preceptivos informes médicos. Más allá de las cifras, las declaraciones de las mujeres ante la Guardia Civil confirman que la Seguridad Social es incapaz de garantizar el derecho de las mujeres a abortar y que éstas acaban prácticamente siempre en clínicas privadas.

El sumario recoge el relato de embarazadas de diversas ciudades españolas que acabaron en las clínicas de Barcelona derivadas por los ambulatorios o los centros de salud de la sanidad pública. En algunos casos, de forma sistemática, como los siete remitidos por un centro donostiarra.

En estas páginas figura el testimonio de una mujer de Zamora. A las 21 semanas de embarazo se detectó que el feto sufría malformaciones. Estaba dentro del plazo máximo de 22 que pemite la ley para abortar, pero la Seguridad Social se lo impidió. La derivaron a una clínica privada de Valladolid, que persistió en la negativa. Cuando acudió a las clínicas de Morín ya estaba fuera de la ley.

Otra embarazada de ocho semanas de Cornellà (Barcelona) explica que sufría pérdidas y fue asistida en un ambulatorio. De allí la derivaron a un hospital para realizarle una ecografría y de nuevamente a otra clínica. Hasta que en ese centro la derivaron a las clínicas de Morín y pudo abortar.

Existen igualmente relatos sorprendentes, como el de una mujer que acudió a la clínica Teknon de Barcelona para interrumpir el embarazo de siete semanas. El médico que la atendió se negó, pero desde esa clínica ya le dio cita en un centro de Morín.