Los retrasos en la ley de la vivienda preocupan a API y promotores

El desarrollo normativo que permitirá aplicar la nueva Ley del Derecho a la Vivienda lleva retraso. El Gobierno debería haber aprobado durante el pasado mes de febrero dos decretos, el del aval-alquiler y el del precio concertado catalán, y tener listo el del registro de solicitantes de vivienda pública. Ninguno de los tres está terminado. También va más lento de lo previsto el decreto de condiciones de habitabilidad, que fijará cómo deben ser las viviendas de obra nueva.

La demora preocupa al sector inmobiliario porque la ley entrará en vigor el próximo 9 de abril. "Una ley sin reglamentos no existe, nacerá coja", afirma el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Joan Ollé. Un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda respondió ayer que "las previsiones eran aproximadas" y que "no hay dejación, sino que es una cuestión muy compleja, porque en cada decreto intervienen muchos agentes".

La preocupación del sector se explica porque de los dos decretos que deberían estar aprobados dependen cuestiones clave en el actual momento de crisis inmobiliaria. El aval-alquiler, por ejemplo, fijará el cómo y el cuánto de las ayudas que la Generalitat dará a los propietarios de viviendas de alquiler. Es una garantía que los API esperan como agua de mayo y en la que confían para que los propietarios que no se atreven a alquilar sus viviendas se animen a hacerlo. Este decreto, explica Ollé, va por el tercer borrador, pero los API todavía no tienen respuesta de los dos departamentos de los que depende: Economía y Finanzas, y Medio Ambiente y Vivienda. Fuentes de este último aseguraron ayer que "probablemente irá a Gobierno la semana que viene, tras pasar por el consejo técnico que agrupa a los directores generales".

Si el aval-alquiler afecta a los API, el precio concertado catalán toca el negocio de los promotores. Se trata de la nueva modalidad de vivienda de precio intermedio entre la libre y la protegida, una fórmula en la que los promotores confían para despachar parte de las viviendas que están sin vender. En este caso, lo que encalla el decreto es la falta de acuerdo entre promotores y Gobierno sobre el precio del metro cuadrado. Los promotores quieren que sea lo más caro posible y la Generalitat lo contrario. Aunque públicamente la Asociación de Promotores no se ha posicionado, hay nervios entre no pocos promotores, señalan fuentes próximas a las negociaciones. "La cuestión es cómo nos ayudan a que salga la oferta embolsada. Las ayudas que han propuesto hasta la fecha son insuficientes", añaden las mismas fuentes.

La misma Generalitat reconoce que el calendario del desarrollo normativo de la ley de la viviendas es muy apretado. Demasiado, dicen algunos. "Algún genio escribió que los decretos debían estar aprobados en tres meses, como si fuera fácil. Y encima antes de entrar en vigor la ley", dice con sarcasmo un alto cargo: "Las cosas de palacio van despacio". Idéntica frase repiten promotores y API cada vez que se les pregunta por la cuestión.