Roca fue el dueño del Xerez Deportivo la temporada que no pagó a los futbolistas
El fiscal solicita que el cerebro del 'caso Malaya' siga en prisión dos años más
Si Jesús Gil, el fallecido alcalde de Marbella, fue el dueño del Atlético de Madrid, su mano derecha en sus tejemanejes financieros no iba a ser menos. Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya (la trama de corrupción marbellí), fue el dueño del 50% del Xerez Club Deportivo SAD durante las temporadas 2002-2003 (cuando Bernd Schuster, hoy entrenador del Real Madrid, era su técnico) y 2003-2004, en las que el equipo militó en Segunda División. Roca estuvo siempre a la sombra, dirigiendo los designios del club, justo cuando los jugadores estuvieron a punto de amotinarse tras tres meses sin cobrar.
Los policías de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha rastreado los negocios de Roca allí donde habían dejado la más mínima huella. Los investigadores, a las órdenes de Óscar Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, consideran "acreditada" la compra del club por Roca. Fuentes de la investigación aseguran que la operación de compra fue diseñada desde dos despachos de abogados: el Gabinete Jurídico Sánchez Zubizarreta, con sede en Madrid y cuyos miembros ya están imputados en el caso Malaya, y el despacho de Sevilla de Francisco de Asís Cantudo, según las fuentes.
El primer gabinete, con el que solía trabajar Roca (y también lo hizo Jesús Gil), fue el que llevó las negociaciones de compra. El bufete de Sevilla llevaba los intereses del que fue presidente del Xerez durante el tiempo en que el equipo perteneció a Roca: José María Gil Silgado, un pequeño constructor onubense con intereses en Marbella, quien sustituyó en el puesto a Luis Oliver.
Oliver, nada más salir del club jerezano, se hizo con el equipo Cartagonova, un club de Cartagena, la ciudad natal de Roca. Oliver, para cerrar aún más el círculo, fue quien contrató a Schuster, no sin los buenos oficios de Jesús Gil, que incluso le cedió futbolistas al Xerez. Y a punto estuvo de subir al equipo a Primera.
La compra fue ejecutada a través de testaferros (entre ellos Óscar Benavente, ya imputado) y de empresas mercantiles instrumentales, fundamentalmente Oven Five, SL, Jovibel 2000, SL (que controlaba los derechos de imagen) y Triana 95 (que pagaba los gastos del equipo). La llegada de Gil Silgado (con condenas por estafa antes y después de dirigir el club) fue milagrosa. Las querellas contra el equipo, incluso del Ayuntamiento de Jerez, se resolvieron y logró cuantiosas subvenciones. Los jugadores, no obstante, amenazaron con un plante tras tres meses sin cobrar la nómina. El milagro económico también acabó dándole satisfacción a ellos.
Nuevas imputaciones
El juez ha acordado la adopción de medidas procesales contra Gil Silgado, el abogado que lo representó, Manuel Sánchez Zubizarreta (ya imputado), y dos empresarios también ya implicados en la operación Malaya por su supuesta condición de testaferros
Mientras, el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, solicitó ayer al juez del caso Malaya que mantenga dos años más en prisión preventiva a Juan Antonio Roca. El ex asesor de Urbanismo cumple dos años encarcelado el próximo 29 de marzo, por lo que, de aceptar el magistrado Óscar Pérez la petición fiscal, Roca cumpliría cuatro años en prisión preventiva, el máximo permitido por ley. Durante la vista, el fiscal alegó para mantener a Roca entre rejas sospechas de que éste oculta fondos en el extranjero por lo que persistiría el riesgo de fuga. El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, pidió la libertad e insistió en que debe demostrarse que ese dinero en el extranjero existe.
Además, José Luis Galiardo, el administrador judicial a cargo de las sociedades intervenidas en el caso Malaya, ha presentado su renuncia por "motivos personales" y se ha nombrado a dos nuevos administradores judiciales que se han repartido las 30 sociedades de Roca. La renuncia se produce después de casi dos años de trabajo en los que ha recibido numerosas críticas por parte de la defensa de Roca, que ponía constantemente en duda la buena gestión de su patrimonio. Las críticas arreciaron cuando el juez Torres autorizó la venta de un palacio y un hotel que Roca intentó paralizar.
