Esclava de 15 años por 1.000 euros

"Nada más llegar a Madrid en autobús fui obligada a mendigar y más tarde a prostituirme en un parque cercano al Planetario, en la calle de Méndez Álvaro. Si me negaba, me pegaban. Después, me colocaron en un club de Alicante, donde también tenía que prostituirme y mantener relaciones sin preservativo. Un hombre me dijo que había pagado 1.000 euros por mí y que tenía una deuda con él. A mí no me daban nada del dinero que ganaba. Y si decía que no quería seguir trabajando en eso, me daban palizas".

Es el relato de una rumana que hoy tiene 17 años y que fue forzada a vender su cuerpo desde los 15. Ha sido liberada por agentes de la Brigada de Extranjería de Alicante en una operación que ha permitido desmantelar una organización de proxenetas y detener al presunto jefe de la banda y a una mujer que actuaba como controladora y vigilante de las mujeres explotadas.

Algunas mujeres fueron forzadas a abortar para que no dejaran de trabajar

La investigación de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (UCRIF) comenzó en abril de 2007, cuando una joven rumana denunció que su hermana, menor de edad, había sido vendida en España a una organización de proxenetas de su país. Tuvieron que pasar varios meses, hasta que la chica fue localizada, con documentación falsa y aparentando más edad, en un club de Cox (Alicante). La víctima declaró que vivía explotada sexualmente desde hacía dos años y sometida a palizas, vejaciones y humillaciones. Tenía que entregar al jefe de la banda los 50 euros que cobraba a cada hombre con el que se acostaba.

La semana pasada, la policía entró en el prostíbulo. Minutos antes, la controladora había salido precipitadamente llevándose por la fuerza a otra mujer -mayor de edad-, también esclavizada. Pero los agentes apostados en los alrededores lograron interceptarlas y rescatar a la víctima.

Las investigaciones han revelado que el grupo desmantelado compraba y vendía mujeres tratándolas "como ganado", sin el menor escrúpulo, según fuentes policiales. Si alguna de ellas no les resultaba útil, se la cedían a otros proxenetas a cambio de dinero. Su vesania llegaba a tal extremo que los delincuentes forzaron a alguna mujer a abortar para que así pudiera seguir trabajando y reportándoles beneficios.

Además de la irrupción en el club de Cox, la UCRIF realizó un control de extranjería en otro local de Albatera (Alicante) y registró varios domicilios. Decomisó 5.550 euros, pasaportes y fotografías de las víctimas, resguardos de envíos de dinero a Rumania, libretas de contabilidad de las ganancias de las prostituidas, ocho teléfonos móviles y un lote de joyas de dudosa procedencia.

Entre los detenidos están el supuesto jefe de la banda Romica P., de 35 años; Georgeta S., de 20 años, supuesta controladora de las mujeres; Iuliana C., de 22 años, y Sevastian F., de 30 años, acusados de asociación ilícita, explotación coactiva de la prostitución y detención ilegal de una menor. El supuesto cabecilla residía en la Granja de Rocamora (Alicante). También han sido arrestadas cuatro personas más -un español, dos mujeres dominicanas y una colombiana- por delitos relativos a la prostitución e infracción a la Ley de Extranjería.

En agosto del año 2006, la policía desarticuló un grupo organizado similar al ahora desbaratado, después de que otra menor rumana denunciase que era obligada a ejercer la prostitución en un club de alterne de Orihuela (Alicante). La muchacha acusó a cuatro personas residentes en España que tenían contactos en Rumania para captar a mujeres. En su declaración, la menor aseguró que su entonces novio en Rumania la había traído a España engañada con la falsa promesa de que iba a trabajar como niñera, un empleo que jamás llegó a desempeñar.

La Brigada de Extranjería y Documentación de Alicante tiene en vigor una operación destinada a combatir la explotación sexual de inmigrantes que se hallan en situación irregular en España. Ayer mismo, agentes de esta unidad registraron tres clubs de Elche y detuvieron a siete mujeres de origen suramericano y a una nigeriana, acusadas de estancia ilegal.