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El Tribunal Superior aparta a su presidente del caso del juez Urquía

Una sala del TSJA acepta la recusación de Méndez de Lugo por unas escuchas

Javier Martín-Arroyo

La Sala especial del 77 del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha aceptado la recusación del presidente del alto tribunal andaluz, Augusto Méndez de Lugo, en el primer proceso contra el magistrado apartado del Juzgado 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía. Es la primera vez que se admite la recusación del presidente del TSJA junto a la del magistrado Jerónimo Garvín, ambas planteadas por la Fiscalía Superior.

La recusación se ha basado en las escuchas telefónicas realizadas a De Urquía, declaradas nulas, y cuyo conocimiento por parte de los dos magistrados influiría en su parecer antes de enjuiciar al juez imputado. La Sala especial del 77 entiende en un auto que ambos magistrados han sufrido "una merma en su imparcialidad objetiva" al conocer "material probatorio" y conversaciones "que indican la estrategia de defensa" del juez De Urquía y su abogado.

De este modo, dos magistrados sustituirán a Méndez de Lugo y Garvín en el juicio oral contra De Urquía por su relación con el caso Malaya, y donde están imputados su amigo Arnaud Fabrice Albouhair y el presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca.

El espinoso problema surgió tras la investigación iniciada por el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Málaga, Juan Francisco Ramírez Barroso, que inició unas escuchas telefónicas pese a conocer que De Urquía era magistrado aforado. Los nueve tomos de diligencias previas llevadas a cabo en Málaga y que incluían las transcripciones de las escuchas fueron llevadas a los magistrados del TSJA a principios de enero. A continuación, el Ministerio Público recusó hace dos semanas a Méndez de Lugo como presidente de la Sala de lo Civil y Penal, junto a Garvín, miembro de la sala, por "una objetiva pérdida de su imparcialidad que les sobreviene de forma completamente involuntaria". Ahora la Sala especial ha atendido la recusación de los dos magistrados y les aparta del juicio oral. El auto especifica que los pinchazos telefónicos podrían provocar "prejuicios sobre el resultado de distintas pruebas".

Tanto Méndez de Lugo como Garvín aceptaron la recusación del fiscal, pero alegaron ante la Sala que no habían accedido al contenido de las conversaciones telefónicas, y que se limitaron "al mero examen de la prolija exposición razonada" enviada por el juez Ramírez Barroso. Ambos magistrados admitieron la recusación por la necesidad de guardar "la apariencia" de imparcialidad ante las partes del proceso "y los ciudadanos en general".

Los catorce magistrados que forman la Sala especial del 77 han resuelto con celeridad el atasco producido en una causa de gran relevancia. Tras el nombramiento de los dos nuevos magistrados y el escrito de acusación de la Fiscalía, se producirá la apertura del juicio oral. Esta causa será la primera que afronte junto a De Urquía, Juan Antonio Roca, que ya lleva 22 meses en prisión preventiva, la cual sería innecesaria en caso de ser condenado por cohecho.

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Graves acusaciones

El juez Francisco Javier de Urquía, apartado del Juzgado 2 de Marbella, afronta dos procesos penales en el TSJA. La primera causa relaciona al magistrado con el caso Malaya de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, y motivó su primera suspensión el pasado julio.

El magistrado instructor Miguel Pasquau, que terminó su investigación en diciembre, considera que el juez cobró 78.300 euros de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama marbellí. De Urquía está acusado de aceptar ese dinero para comprar una vivienda a cambio de asesorar a Roca y suspender la emisión de un programa de televisión sobre su enorme patrimonio.

El segundo proceso investiga la instrucción del juez en el caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. La Guardia Civil le vincula a un intento de extorsión para conseguir entre 5,6 y 8 millones, y por el que están imputados tanto De Urquía como sus amigos empresarios Igor Mier y Arnaud Albouhair. Además, la investigación acusa a De Urquía de percibir 60.000 euros supuestamente a cambio de liberar al empresario Azan Khan, entonces en prisión preventiva.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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