El Gobierno aprueba hoy una ley de "reparación integral" a las víctimas

El proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo, que hoy aprueba el Gobierno, satisfará en parte las demandas de los colectivos de afectados, al recoger algunas sugerencias que éstos remitieron al Ejecutivo tras examinar el borrador que se les presentó en junio de 2007. La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, dará a conocer hoy el texto que se enviará al Parlamento, con la intención de que la ley quede aprobada antes de julio.

El Ejecutivo ha corregido algunas cuestiones terminológicas -referencias como "conflicto/hecho violento" o "sacrificio ofrecido por las víctimas"- señaladas por las asociaciones que enjuiciaron el borrador y ha aceptado la petición de Covite de dejar muy abierta la definición de víctima del terrorismo, que otros grupos querían acotar. Así, la ley acogerá también a las víctimas de la kale borroka o la violencia de persecución.

Pero otras de las reclamaciones de los colectivos de víctimas, y en concreto, de Covite, han quedado fuera. Por ejemplo, la petición de que la ley comprometiera a los poderes públicos autonómicos a "separar de las instituciones a partidos que amparan la violencia", en referencia a Batasuna, y a perseguir la apología y la exaltación del terrorismo. El Gobierno ha entendido que ambas son cuestiones ya contempladas en el Códico Penal, cuyo enjuiciamiento corresponde a los tribunales, y que no pueden tener cabida en una ley de reconocimiento a las víctimas.

Tampoco recoge finalmente el proyecto medidas económicas para quienes sufrieron atentados con daños materiales antes de 1988, fecha del primer decreto vasco de ayudas a las víctimas del terrorismo. Ese decreto fue modificado en 1991, 1993 y 1995. En 2000 se sustituyó por otro, a su vez derogado por el de 2002, actualmente en vigor, y que aumentó significativamente los niveles de protección.

El Ejecutivo estima que es casi imposible documentar daños materiales sufridos hace veinte años y por eso no se ha incluido el período que va de 1980 (fecha de la constitución del primer Gobierno vasco) a 1988, fecha del primer decreto de ayudas.

Referencias a los GAL

El Gobierno no ha accedido tampoco a eliminar las referencias al GAL y a los atentados de extrema derecha de la transición, por más que las asociaciones insistieron en que desde 1987, es decir, más de veinte años, el único terrorismo existente en Euskadi es el de ETA.

Un aspecto que los colectivos de víctimas han valorado, como uno de los compromisos más valiosos es asumir los principios de "verdad y memoria", "justicia y dignidad", y quieren que el de "justicia" se coloque en el frontispicio de esa tríada.

La norma no adopta el nombre de "ley de solidaridad", sino de "reconocimiento y protección" de las víctimas, porque no recoge sólo medidas asistenciales o de ayuda material, sino que fija todo un discurso político, que debe ser asumido obligatoriamente por los poderes públicos. En caso contrario, podrá ser demandado, incluso ante los tribunales. Hace hincapié en que la reparación a las víctimas tiene que ser "integral", incluyendo aspectos inmateriales "que cada vez son más importantes", señala. "La reparación ha de ser un proceso y no un momento concreto en el que se llevan a cabo actos simbóilicos", señala. "Se trata de poner en marcha una acción permanente de deslegitimación radical de la violencia y de reconocimiento explítico de que nunca a existitido justificación" para su ejercicio.

Las asociaciones mantienen reticencias referidas más a su desconfianza global hacia el Gobierno que al contenido del texto. De hecho, apenas propusieron cambios al articulado. Sin embargo, los colectivos de víctimas consideran que el Plan de Paz y Convivencia del lehendakari, los planes de Educación para la Paz de la Dirección de Derechos Humanos de la consejería que dirige Joseba Azkarraga, o determinadas declaraciones y actuaciones de ese departamento, sobre los victimarios contravienen en la práctica los principios y objetivos del proyecto.