Los cazadores se rebelan

Los cazadores dicen que están hartos. Que se sienten perseguidos por el Gobierno y por decenas de normas de las comunidades autónomas. Que nadie valora su labor en la conservación. Y que la Ley de Biodiversidad aprobada en diciembre, que prohíbe cazar con perdigones de plomo en los humedales, ha colmado el vaso. Por eso, la Federación de Caza, que agrupa a 600.000 personas, prepara una gran marcha en Madrid en una fecha muy especial: el 1 de marzo, ocho días antes de las elecciones. Esperan que sea multitudinaria. El Gobierno, preocupado, dice que la movilización sólo se explica por los comicios y ha emprendido campañas de publicidad institucional para frenarla.

La Ley "es la última gota, porque nos llevan años maltratando y, especialmente esta ministra de Medio Ambiente", afirma el presidente de la Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez, que critica cinco puntos de la ley. El primero, denuncia, es la prohibición de "tener y usar munición que contenga plomo en humedales protegidos".

En la Albufera hay 288 perdigones por metro cuadrado. Al año caen 50.000 aves

El Gobierno ve un interés electoralista en la marcha e intenta frenarla

Los cazadores sostienen que eso supone en la práctica "restringir drásticamente la caza en más del 40% del territorio". "La redacción es confusa y puede parecer que afecta a toda la Red Natura 2000 [un tercio del territorio] y ya están decomisando armas", explica su presidente.

El secretario general para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, lo niega: "Afecta a una parte muy pequeña, no a toda la red natura. Y en 2002 un decreto del Gobierno del PP ya traspuso una norma europea que impedía usar munición con plomo en los humedales catalogados. Ahora sólo vamos un pasito más allá e incluimos los humedales".

El plomo es un grave problema ambiental. Cada cartucho tradicional tiene 32 gramos de este metal en 250 perdigones. Si para matar un pato con un perdigón hay que disparar una media de tres veces, eso implica que por cada ave muerta en un humedal caen al suelo 749 perdigones de plomo, lo que supone 6.000 toneladas al año en España.

El toxicólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona Raimon Guitart estima que "unas 50.000 aves mueren cada año en España por la ingesta de plomo, el plumbismo". Él es probablemente el mayor experto en el tema y halló hasta 288 perdigones por cada metro cuadrado en los primeros 20 centímetros del suelo de la Albufera de Valencia, lo que le convierte en "el humedal con mayor contaminación por plomo del mundo".

Las aves acuáticas confunden esos perdigones con los guijarros que utilizan para moler el grano para alimentarse. El metal pasa a la sangre y las destroza por dentro. "Acaba siendo un problema de salud pública", concluye Guitart. Los ecologistas coinciden en que hay que restringir el uso del plomo. "Ya se prohibió en las cañerías por sus efectos nocivos y ahora es malo para el medio ambiente", explica Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.

Pero la Federación de Caza critica que los sustitutos -acero, bismuto, tungsteno, o cerámica- son más caros. Si una caja de perdigones de plomo cuesta seis euros, el resto puede alcanzar los 30. Además, las escopetas de más de 10 años no pueden usar los de acero porque el riesgo de que explote el cañón es mucho mayor.

El plomo es el detonante, pero los cazadores tienen más quejas. "La ley deja abierta la posibilidad de que el Gobierno ejerza el derecho de tanteo sobre cualquier espacio protegido privado y puede incluir cualquier especie como protegida y por lo tanto prohibir la caza", explica el presidente de los cazadores. Además critica que en España es muy difícil obtener una licencia de armas y que se tienen que ajustar a "800 normas injustificadas y arbitrarias".

El ministerio insiste en que no entiende nada. "La posibilidad de ejercer el derecho de tanteo en un espacio protegido existe desde la ley de 1989, apenas se ha utilizado y es una competencia de las autonomías. Los cazadores piden más uniformidad en las normas y puede que tengan razón, pero eso no es competencia del Gobierno. Esta marcha no va contra la Ley de Biodiversidad", insiste Serrano. También echan en cara al Ejecutivo que estén prohibidos métodos de caza no selectivos como el parany -se impregna una barra con pegamento y allí quedan pegados todo tipo de aves- y por los que España ha sido condenada en el Tribunal de Estrasburgo.

Los convocantes de la marcha, que afirman haber fletado ya más de 700 autobuses, sostienen que no tienen ningún interés político. Pero Medio Ambiente no oculta que atisba la mano del Partido Popular tras la convocatoria. Especialmente porque el sindicato agrario Asaja (tradicionalmente próximo a los populares) se ha sumado a la convocatoria. La manifestación está autorizada por la Delegación del Gobierno y el PSOE no ha llevado el caso a la Junta Electoral. Los convocantes esperan reunir a más de 100.000 personas ("pero bien contados, no inflando las cifras"), lo que sería un éxito.

El Ministerio ha contraatacado con folletos y publicidad en las revistas especializadas. La marcha es especialmente inquietante porque las comunidades con más tradición -Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura- son graneros de votos del PSOE. El 1 de marzo se verá hasta dónde están dispuestos a llegar los cazadores.