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Editorial:

Fuera de Guantánamo

EE UU ganaría en estatura moral si los acusados del 11-S fueran juzgados en tribunales ordinarios

Más de seis años después de los atentados del 11-S, fiscales militares de EE UU han pedido la pena de muerte para seis presos de Guantánamo por su supuesta vinculación con aquel ataque. EE UU ganaría en estatura moral y jurídica, y en eficacia, si cerrara ese centro de detención y juzgara a estos acusados en tribunales ordinarios. La serie de despropósitos y atropellos contra el derecho nacional e internacional ha hecho que sólo un acusado por esos horribles atentados que costaron la vida a casi tres millares de personas haya sido juzgado hasta ahora. El sistema de comisiones militares, que no enmascara ni resuelve el limbo legal de Guantánamo, no ha servido de nada. Y no resiste ni la más mínima comparación con el proceso por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que concluyó hace meses con todas las garantías y respeto de los derechos de los acusados.

El sistema de comisiones militares de Guantánamo ni siquiera se asemeja en cuanto a garantías a las de un consejo de guerra. Se acusa a estas seis personas -entre ellas Jalid Sheij Mohamed, presunto arquitecto del 11-S y autor de la decapitación del periodista David Pearl en Pakistán- de violación de las leyes de guerra, entre muchos otros delitos, como conspiración, asesinato y terrorismo. La guerra cuyas leyes han transgredido los terroristas se supone que es la global contra el terror declarada por Bush. Pero la misma existencia de Guantánamo y las torturas con que se han obtenido las confesiones de los detenidos demuestran que tampoco su Administración respeta las normas de las Convenciones de Ginebra.

Hamed Abderrahman Ahmed, español apresado en Guantánamo y posteriormente extraditado a España, fue puesto en libertad al no considerar válidas el Tribunal Supremo las pruebas obtenidas bajo presión. Hay otras detenciones y entregas extraordinarias (eufemismo para secuestros) practicados por EE UU que no se corresponden con el derecho internacional, por no hablar de la pena de muerte, injustificada a estas alturas y sometida a revisión en el Supremo de ese país. Pueden pasar años antes de que los acusados sean condenados, en un proceso que se ha convertido en un embrollo jurídico y que puede serlo también político. Pero no será Bush quien lo vea desde la Casa Blanca, sino quien le suceda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de febrero de 2008