60 inmigrantes que denunciaron una estafa ven caducados sus permisos

Han pasado casi tres años y se encuentran prácticamente igual. Lo único que ha cambiado es que mañana empieza el primero de los juicios en el que que cinco personas, entre ellas dos abogadas, están acusadas de estafarles, pero 60 inmigrantes no han recuperado el dinero que pagaron (más de 38.000 euros en total) en 2005 por regularizar su situación y la mayoría de ellos verán que en marzo les caduca el permiso de residencia de un año que les concedieron por denunciar la estafa.

El caso tendrá dos juicios, el segundo de ellos la semana próxima

Sólo la perseverancia de la asociación Harresiak Apurtuz ha propiciado que el caso no haya caído en el olvido. Primero presentó una denuncia en diciembre de 2005 por lo ocurrido a principios de año a 60 inmigrantes: habían pagado durante el proceso de regularización impulsado por el Gobierno central una media de 1.000 euros a empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo con el que regularizarían su situación en España. La realidad es que se trataba de empresas sin medios materiales ni recursos o que se constituyeron poco antes del inicio de la regularización.

La investigación permitió descubrir cuatro redes de fraude: dos encabezadas por sendas letradas que contaron con la ayuda de dos socios cada una; la tercera, por una asesora, y la cuarta, una falsa ONG que abrió una oficina y desapareció. Este último caso ha sido el único que quedó archivado.

Estos dos últimos años han revelado, dice Harresiak Apurtuz, el "pésimo funcionamiento del sistema institucional de protección de estas personas". La policía se limitó a recoger las denuncias y mandarlas al juzgado. En las diligencias figura una declaración de una subinspectora de Trabajo a la que se le ordenó acudir a la sede de una de las empresas implicadas. Tocó el timbre del portero automático y fue recibida por una persona que aseguró no conocer la empresa. Llamó por teléfono a otra persona y le citó para una entrevista "y no compareció". La subinspectora no realizó entonces más actuaciones. La Inspección de Trabajo tuvo conocimiento en junio de 2005 de que una de las imputadas en la estafa no tenía "suficiente infraestructura" para la contratación de 16 trabajadores e informó a la Subdelegación del Gobierno, pero no se hizo nada entonces. Consta en el sumario en un informe firmado por el jefe de la Inspección de Trabajo Manuel Velázquez el 23 de enero de 2007, un año y medio después de saberlo y poco después de que los inmigrantes acudieran al Parlamento vasco a denunciar su situación.

Este informe propició la concesión de un permiso de residencia temporal durante un año a los 60 denunciantes, que caduca el próximo marzo. La ley de Extranjería permite, en sus artículos 31 y 45, la regularización de la situación de aquellos inmigrantes que denuncien ilegalidades. En estos casos no se ha aplicado.

Los inmigrantes han acudido a la Subdelegación para la renovación de su permiso. "Les han dicho que no tienen competencias" en asuntos de inspección laboral y que es un asunto del Gobierno central. "Sólo les dicen que tramiten los papeles por la vía normal, salvo que consigan sentencias penales firmes", señalan fuentes de la coordinadora.

El Colegio de Abogados también es objeto de críticas por no haber adoptado ninguna medida preventiva contra los dos letrados imputados. En el juicio que se inicia mañana, la Fiscalía pide cuatro años para una asesora por estafar 8.550 euros a nueve afectados. La próxima semana, será la segunda vista contra una abogada y un supuesto empresario por haber cobrado 29.920 euros de 39 inmigrantes.