Sandokán, contra las cuerdas
El TSJA retrasa los planes de Rafael Gómez para las naves ilegales de Córdoba
El empresario cordobés Rafael Gómez, conocido popularmente por el sobrenombre de Sandokán, parece estar maldito desde junio de 2006. Fue a finales de ese mes cuando la policía detuvo al constructor y joyero por su presunta vinculación en la operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella. Gómez está actualmente en libertad bajo una fianza de 300.000 euros.
El otrora poderoso empresario ha sufrido varios reveses desde entonces. El último proviene directamente desde la sede sevillana del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Alto Tribunal acaba de anular el plan especial aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba que le permitía regularizar la situación de cuatro naves industriales de 40.000 metros de superficie que levantó sin licencias a las afueras de la ciudad.
Esta sentencia no implica que las naves vayan a desaparecer, ya que el Consistorio y la Junta de Andalucía se han mostrado dispuestos a redactar un nuevo plan que legalice algún día las instalaciones. Pero sí supone un retraso importante de los planes comerciales de Sandokán, ya que transcurrirán varios años hasta que pueda recibir la licencia que le permita utilizar legalmente unas naves que proyectó para la venta a mayoristas.
El plan especial que ha anulado el TSJA todavía no se había desarrollado completamente y comenzó a tramitarse en el año 2003, algo que puede ayudar a calcular cuánto tiempo se demorará la solución a este problema.
Pero los verdaderos quebraderos de cabeza para Gómez no nacen exclusivamente de su presunta implicación en la operación Malaya. La época baja de Sandokán ha coincidido con una desaceleración del sector inmobiliario, donde el empresario tenía una importante participación desde 1996, cuando fundó Arenal 2000 para levantar 400 viviendas de VPO en Córdoba.
Además, ha visto como sus principales garantes, las cajas de ahorro, han tenido que cortarle el grifo de la financiación, con lo que le han puesto en graves aprietos. Gómez, quien incluso llegó a presidir el club de fútbol local, lleva meses sin aparecer públicamente y ya no suele participar en los actos sociales en los que antes se codeaba con los más poderosos de Córdoba.
Una multa de 24,6 millones por pagar
Cuando se destapó el caso de las cuatro naves que Gómez levantó ilegalmente al borde de la Carretera de Palma del Río, el Ayuntamiento de Córdoba le impuso una sanción de 26,4 millones de euros. Posteriormente, el Consejo para la Resolución de las Reclamaciones Económico Administrativas (CREA) decidió rebajar la multa hasta los 24,6 millones, una sanción que es firme desde el ámbito municipal pero que el constructor y joyero todavía no ha pagado.
Tras la sentencia del TSJA que le impide utilizar comercialmente las cuatro naves hasta que no se redacte el nuevo plan, Gómez no podrá solicitar al Ayuntamiento ningún tipo de compensación por el daño sufrido. Según el Consistorio, el empresario firmó una declaración jurada en la que renunciaba a emprender estas acciones cuando se comenzó a desarrollar el plan especial que ahora ha tumbado el TSJA.
Gómez atraviesa actualmente una crisis de liquidez. El joyero y constructor se ha desecho de activos por valor de 571,5 millones de euros en el último año para hacer frente a su endeudamiento. Los terrenos y el parque de atracciones Tívoli se los ha vendido a la constructora Tremón. La operación se cerró en abril de 2007 y el empresario se deshizo de siete millones de metros cuadrados de suelos.
Gómez también se desprendió en diciembre de 2006 de la promotora Arenal Sur 21, que compartía con Cajasur. Además, en el mes de diciembre pasado, vendió el Hospital Xanit, un complejo médico de lujo situado en Benalmádena (Málaga).
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