Torrevieja acumula más de mil derribos de obra ilegal sin ejecutar

El Ayuntamiento de Torrevieja, en manos del PP desde 1987, acumula más de un millar de derribos por infracciones urbanísticas (la mayoría, ampliaciones ilegales viviendas) sin ejecutar en los últimos cinco años. La pasividad del Consistorio a la hora de restituir la legalidad urbanística ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo. El titular de la institución, Fernando Múgica, señala que el Consistorio "olvida" la ejecución del 90% de los derribos incluidos en los expedientes sancionadores. La oposición y los afectados destacan la "arbitrariedad" de las demoliciones. El equipo de gobierno local rechaza las acusaciones y asegura que en la actualidad el Ayuntamiento tramita 256 órdenes de derribo con carácter subsidiario.

"Hace seis años que denuncié obras ilegales y dan largas sin hacer nada"

El Defensor del Pueblo informó de que "se olvidan" el 90% de los derribos

La política urbanística es "un cachondeo", asegura un afectado

"Hace más de seis años denuncié obras ilegales en la vivienda superior a mi piso. Y desde entonces me han estado dando largas sin hacer nada. Ni se las han paralizado ni le han tirado nada", afirma Gregoria Concha Méndez, propietaria del piso 4º A, en el inmueble número 28 de la calle Rambla Juan Mateo, en el centro de Torrevieja. "Ante la evidencia de que los técnicos del Ayuntamiento me estaban tomando el pelo, decidí llevar el caso al Defensor del Pueblo", asegura Gregoria. Como consecuencia de la queja de esta mujer, el Defensor del Pueblo ha emitido un informe que pone en entredicho la eficacia del Consistorio para hacer cumplir la legalidad urbanística en el municipio. Múgica, sobre la base del informe remitido a la institución por los técnicos municipales, señala que "no sólo en el presente caso [la queja particular Gregoria Concha Méndez], sino en muchos otros puede estar el Ayuntamiento incurriendo en falta de diligencia". El Defensor del Pueblo censura al Ayuntamiento por limitarse a sancionar y, en cambio, no ejecutar las demoliciones.

La queja de esta vecina sobre la falta de diligencia del Consistorio para restituir la legalidad urbanística no es un caso aislado entre los afectados por obras ilegales en la población. Alfredo Martínez, propietario de una finca en la urbanización San Luis, ha vivido una experiencia similar: "En 2005, denuncié al Ayuntamiento obras ilegales en un chalé, junto a mi finca. Ahora, tras algunos amagos de precintar las obras, hace dos meses he recibido una notificación del Ayuntamiento en la que me dicen que van a tirar algo", asegura. "La política urbanística del Ayuntamiento es un cachondeo, a unos se les tira o no le dejan construir, y con otros hacen la vista gorda", añade este vecino.

Los ejemplos sobre supuestas ilegalidades urbanísticas denunciadas por estos dos vecinos son una constante en toda la localidad, tanto en las viviendas de centro como en el sinfín de urbanizaciones que ya colonizan la totalidad del suelo urbano del municipio. A las quejas de los afectados, el Grupo Municipal de Los Verdes (dos concejales en la actual corporación) añade la "arbitrariedad" del equipo de Gobierno al acometer los derribos, "en unos casos se derriba y en otros no, y sin dar explicaciones, y entre los amnistiados destacan flagrantes casos de supuesto trato de favor a obras de familiares de concejales del PP", puntualiza el portavoz del grupo, el edil José Manuel Dolón.

De acuerdo con un cómputo realizado por el Grupo Municipal de Los Verdes (en base a los expedientes de infracción urbanística con propuesta de demolición aprobados por la comisión de gobierno en segundo trimestre de 2007) anualmente el Consistorio tramita unos 250 expedientes, o lo que es lo mismo, unos 1.250 en los últimos cinco años. De ellos, en base al informe elaborado por el Defensor del Pueblo, sólo se han ejecutado el 10% es decir, que restarían más de un millar por ejecutar.

Dolón esgrime un amplio listado para justificar su acusación sobre la supuesta doble vara de medir el equipo de gobierno de local a la hora acometer los derribos. "En la Calle Orihuela, número 7, había tres cerramientos ilegales de otros tantos áticos. Dos de ellos se han tirado, y el del centro permanece en pie", explica. El concejal exhibe otro listado de obras, también relacionado con ampliación de áticos y sobreáticos, con resultado disímil, como los situados en las calles Patricio Pérez, número 17, Bazán, 6 y Maldonado, 7, "todos ellos con expediente de demolición, pero todavía en pie". En este apartado de los áticos, el portavoz de Los Verdes destaca dos casos, a su juicio, de la "discrecionalidad" del equipo de Gobierno: "En la calle Ramón Gallud, número 33, hay un ático ilegal propiedad de la familia de actual concejal del PP Domingo Soler, en pie, y en la calle Clemente Gosalves, 1, está la polémica ampliación del ático de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz, que no sólo no se le ha abierto expediente sancionador, si no que se ha hecho la vista gorda se ha dado apariencia de legalidad a las obras".

En el extrarradio de la población la mayoría de ilegalidades están relacionadas con ampliaciones (segundas plantas) en los chalés de la multitud de urbanizaciones que copan el término (el municipio hace años que agotó el suelo urbanizable disponible). Y también en esta área se observan resoluciones antagónicas por parte del Consistorio al acometer los derribos.

Dos ampliaciones similares (una segunda planta) en los chalés 466 y 467 de la urbanización la Torreta Fase III han tenido un trato distinto: En el primero se mantuvo la obra, y al segundo se ha derribado. La concejalía de Urbanismo, que dirige Francisco Moreno, ha declinado comentar el informe del Defensor del Pueblo y tampoco ha ofrecido datos globales de lucha contra las infracciones urbanísticas en el municipio. En una nota oficial, Moreno mostró su "gran asombro e incredulidad ante el cúmulo de despropósitos" denunciados por Los Verdes. Moreno, concejal del PP, señala no obstante que "son centenares de expedientes disciplinarios los que se abren todos los años, abriéndose en el año 2007 un total de 405". Según los datos de la concejalía de Urbanismo "en estos momentos, se están tramitando 256 órdenes de derribo con carácter subsidiario, lo que demuestra que desde el Ayuntamiento sí se actúa dentro de la legalidad y no existe dejadez alguna, como afirma el señor Dolón [portavoz de Los Verdes]", añade el comunicado. Con la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), "existe un acortamiento de los plazos y la posibilidad de que la administración imponga diversas multas adicionales", recordaron en el comunicado. Para Moreno es "indecente" comparar los casos de legalidad urbanística de Torrevieja con la construcción de viviendas en suelo no urbanizable.