Medidas cautelares

Los partidos Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), amenazados de ilegalización por ser considerados continuadores de la ilegal Batasuna, tendrán oportunidad de presentar sus alegaciones en vista pública antes de que el Tribunal Supremo decida aceptar o no las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, entre las que figura la prohibición de que se presenten a las elecciones. Tales medidas están previstas en la ley, pero plantearían un serio problema político si en su día, seguramente después de celebradas las elecciones, el tribunal resuelve rechazar las demandas de ilegalización.

Es precisamente la premura de tiempo lo que ha aconsejado solicitar las medidas cautelares, para evitar que ANV se presente y obtenga escaños y sea ilegalizada a posteriori, lo que también plantearía un problema político: las actas de diputado son personales y no podrían serles retiradas. Es lo que ocurrió en su momento con Batasuna. De ambos riesgos, el Gobierno y la fiscalía han preferido correr el primero: que se impida la participación electoral como medida cautelar. Ello hace suponer que dan por seguro que la ilegalización se producirá, confirmando las medidas provisionales que ahora se adopten.

Lo que ha ido conociéndose deja escaso margen para dudar de que ANV (como antes el PCTV) fue colonizada por Batasuna, que es quien manda en esa relación de servidumbre, aunque fueran ANV y el PCTV quienes les pagaban el sueldo, y que entre las órdenes que impartía estaba la de no condenar los atentados de ETA en los plenos municipales.

La Ley de Partidos es imperfecta y lleva a situaciones como la que se plantea ahora, pero la alternativa no puede ser la impunidad. No es posible reconocer, como ha hecho el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que es ETA "quien decide cómo, cuándo y de qué manera va a presentar candidaturas el mundo de la izquierda abertzale" y concluir, como Joseba Egibar, del mismo partido, que intentar sacar de la legalidad a esas candidaturas supone una "poda de libertades y derechos humanos".

No hay igualdad de condiciones en la competición política si uno de los contendientes está teledirigido por una banda que, por ejemplo, se considera con derecho a hacer explotar una bomba con cinco kilos de explosivos en la sede del PSOE de Balmaseda en Nochebuena. La banda ha actuado siempre o casi siempre en vísperas de elecciones: para dejar establecido que quien votase a su brazo político estaba convalidando la legitimidad de la violencia. El recipiente con 40 kilos de explosivos descubierto en Getxo el pasado jueves indica que preparaba alguna nueva barbaridad. Impedir que participe ANV es una medida extrema, pero peor sería comprobar que actúa como el envoltorio del brazo político de ETA y no hacer nada por impedir que participe.