El PSE liga su voto a la ley de Servicios Sociales a la reforma del copago

Hasta ahora, los socialistas han sido el mejor aliado que ha encontrado el Gobierno para sacar adelante en el Parlamento todas sus iniciativas de calado, especialmente las de corte social. Esa buena sintonía se va a poner ahora a prueba. El PSE condicionó ayer su apoyo al anteproyecto de ley de Servicios Sociales a la reforma de la figura del copago de las residencias de mayores, que Gobierno, diputaciones y ayuntamientos han pactado que se haga con la vivienda del usuario. La parlamentaria y responsable del área social en el PSE, Isabel Celaá, advirtió, en un duro discurso, de que obligar a los ancianos a pagar con su piso los servicios prestados en una residencia resulta algo "inmoral, injusto y discriminatorio".

Celaá opina que "estas iniciativas atemorizan al anciano"

En la actual situación, con el Ejecutivo en minoría, el apoyo socialista resulta imprescindible para aprobar el texto acordado con el resto de instituciones, dada la férrea oposición del PP a todas sus iniciativas y la inestabilidad de EHAK. Los socialistas reclaman el envío cuanto antes a la Cámara del proyecto, en el que ven aspectos con los que coinciden plenamente, como la creación de un sistema vasco de servicios sociales que tendrá el mismo rango que la sanidad, la educación o las pensiones y podrá ser reclamado como un derecho. El principal desencuentro se refiere a la forma de abordar el copago de los ancianos que viven en residencias.

El anteproyecto recoge el llamado reconocimiento de deuda, que ya aplican las diputaciones de Álava y de Vizcaya. El anciano paga una parte del servicio, dependiendo de sus ingresos y patrimonio. A su muerte, el resto de la deuda se cubre con todos sus bienes, incluido el piso habitual, siempre que su valor rebase cierta cantidad. Esa suma saldrá del valor de un piso tipo calculado con datos oficiales y a precio de mercado. De esta forma, si se fija que un piso cuesta 250.000 euros a precio de mercado, las instituciones no reclamarían al usuario una vivienda que valga menos. Aunque el Ejecutivo rechazaba al inicio de forma tajante que se computase la vivienda, al final tuvo que ceder y, al menos, suavizó su impacto con esta fórmula.

Celaá opinó que este tipo de medidas sólo busca situarse "en primera posición en la carrera sucesoria del anciano". Tachó este tipo de copago de "regresivo", pues no se tiene en cuenta el patrimonio del usuario en otras cuestiones, y "confiscatorio". "Estas iniciativas atemorizan al anciano porque su vivienda habitual es el último reducto de su intimidad", abundó.

El PSE exigirá en la tramitación de la ley que se fije un porcentaje tope de pago por los servicios que se dispensen, situado en el 75% del precio para los niveles superiores de renta. Celaá planteó igualmente que el copago se limite a cuestiones como alimentación y alojamiento y queden exentas la asistencia personal o el acompañamiento social.