Guatemala, ¿Estado fallido?
El español Carlos Castresana, presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, dirige la lucha para hacer del país un auténtico Estado de derecho
¿Es Guatemala la Somalia de América Latina? O, más próximamente, ¿el Haití de Iberoamérica? El Estado guatemalteco cumple con impecable tenacidad todos los requisitos para convertirse en un Estado fallido, si es que aún no lo es: zonas del país -corredores estratégicos los llaman- escapan al control de las fuerzas de seguridad, y son santuarios del narco-delito; 60 muertes violentas por 100.000 habitantes y año, cuando el índice español no llega a tres; impunidad que sonríe por igual al que le tira la basura al portal vecino que al asesino industrial en serie; y una Administración que regula indiferente la pasividad, en lugar de prestar servicio al ciudadano.
Guatemala adquirió el lunes pasado un nuevo presidente democráticamente elegido, Álvaro Colom Caballeros, de 57 años, que tiene la sangre fría de declararse socialdemócrata en medio de este pandemónium, y muchos le ven como el último tren a la salvación nacional, tarea hercúlea para la que cuenta con un Eliot Ness español, como lo llama el presidente de la patronal, Carlos Zúñiga, cuya misión es reinventar la justicia. Como presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el jurista Carlos Castresana, nombrado por la ONU por dos años, ha de ser sheriff y magistrado, policía científico y alquimista social. Sabe que su ambición merodea lo milagroso, pero es optimista porque pesimismo es sólo otra forma de decir Guatemala.
Muchos ven al nuevo presidente como el último tren a la salvación nacional
"Es la soberanía lo que se trata de devolver al país", afirma Castresana
El país centroamericano firmó en 1996 unos acuerdos de paz que casi parecía que consagraban la victoria de la guerrilla, 200.000 muertos y tres décadas después de iniciado el conflicto. Castresana explica que aquello fue un espejismo. Los servicios de espionaje del Ejército, que habían infiltrado la guerrilla, fueron los verdaderos vencedores. No sólo no se cumplió ninguno de los compromisos democratizadores, sino que la incorporación de los guerrilleros a la vida civil derivó en masacre y la desmovilización de un Ejército reducido en sus efectivos a los 15.000 actuales, creó una gran masa de maniobra para el crimen.
La profesora de literatura y analista social de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aida, distingue cuatro grandes causas de violencia: delincuencia común; bandas de jóvenes, las maras que ya vamos conociendo en España, que comenzaron como mecanismos de dominación territorial y hoy son máquina de extorsión y poder; crimen organizado o mafias, que monocultivan el narcotráfico, y violencia autónoma, como la de los ejércitos privados de finqueros, militares desmovilizados y antiguos patrulleros civiles, que colaboraban con la milicia en la guerra y que ahora actúan frecuentemente por impulso ideológico para salvar el país. Para Aida, Guatemala es una macroinfografía del dolor.
La socióloga y el jurista coinciden, como prácticamente el coro de personalidades consultadas, en que no hay Estado fallido, pero sí una gravísima pérdida de gobernabilidad, que empuja hacia el despeñadero. El empresario Zúñiga mide como en filigrana sus palabras cuando dice: "Si no se hace algo, será la perdición de Guatemala". Y el director del diario de referencia, Prensa libre, Gonzalo Marroquín, lamenta que "el país se haya acostumbrado a convivir con el fracaso".
El optimismo reservón de Castresana se basa en que cree que algo importante ha cambiado. "La elite ha comprendido que si no apoya con el esfuerzo incluso económico necesario para la reformulación de Guatemala, lo perderá todo". Hasta hace sólo unos meses destacados representantes de los poderes reales y hasta del Estado se oponían a la formación de la comisión que preside el jurista, aduciendo que ello significaba una "pérdida de soberanía"; pero Castresana replica que, al revés, es "la soberanía lo que se trata de devolver al país".
Muchas voces apuntan a que fue el asesinato de tres diputados salvadoreños en Guatemala capital en febrero pasado, con gran probabilidad a manos de la narco-mafia, lo que acabó por fumigar las mayores resistencias a la intervención internacional. La comisión contará con 150 especialistas, de los que ya hay contratados 40, unos cuantos de ellos españoles, y su primer cometido será rescatar a Guatemala del Paleolítico de la investigación judicial. "Hoy sólo se practica la prueba testifical, de forma que el soborno y la intimidación eliminan a cualquier testigo, y lo que hace falta es la prueba científica, irrefutable, para lo que hay que adquirir la tecnología y formar al equipo que la maneje", dice Castresana. No sólo Elliot Ness, sino David Caruso, el del CSI.
El procurador para los Derechos Humanos, Sergio Morales, se niega también a admitir que esto sea la bancarrota del Estado, pero el lenguaje del cuerpo no acompaña cuando con resignación bíblica recuerda: "De cada 250.000 delitos sólo 240 investigaciones llegan a juicio". Y a ello podríamos añadir que hay 250 asaltos diarios a autobuses de línea y servicio. Tomar el autobús es hoy aquí la mayor profesión de riesgo. Pero Morales, fortaleza dentro del realismo, añade: "Soy optimista porque no es productivo ser pesimista". Hay quien recuerda con sarcasmo que hace dos años salvadoreños poco amistosos elevaron unas vallas en un puesto fronterizo en las que se leía: "Bienvenidos a Guate (en letras negras) Mala (en letras rojas, que chorreaban sangre)".
¿Es Colom el hombre adecuado, en el momento adecuado, y en el lugar adecuado? Carmen Aida cree que "lo ha improvisado todo; el Gobierno, en el que sólo hay una mujer y un indígena, obedece mucho más a un aroma de social democracia que a auténtica competencia". Y añade que, aunque el presidente ejerza el poder formal, no está claro cuáles son sus apoyos en el poder real para prevalecer sobre el crimen.
Monseñor Álvaro Ramazzini, presidente de la conferencia episcopal, no cree que el anterior presidente, Óscar Berger, pastoreara con acierto a sus ministros, "y los congresistas tampoco sé que hacían, aparte de cobrar el sueldo". Con la excepción del titular del Interior. Vielmann dice que "no le ponían cara al problema", razón por la cual siente que hay que darle un voto de confianza a Colom. Los consultados coinciden en que por fin anida la esperanza, si bien no falta quien, perverso, señala que cuando Colom pronunciaba su discurso inaugural y hablaba de ser "el privilegio de los pobres", exhibía un reloj de oro de 18.000 euros.
El embrollo guatemalteco debería aún ser más laberíntico si tenemos en cuenta que el indigenado abarca los dos tercios más empobrecidos de la nación. Pero la extrema división étnica, como cuenta el español residente más español y más residente en Guatemala, el escritor Francisco Pérez Antón, hace que "el indígena no juegue como pueblo un papel significativo, porque no es leal a ninguna ideología, sino que se mueve a través de cacicazgos clientelares que negocian con el poder criollo un apoyo siempre supeditado". Y el crecimiento del protestantismo evangélico, mayoritariamente indígena, fomenta esa desmovilización política.
La Guatemala de Álvaro Colom tiene, pese a todo, una oportunidad. La UE, según impecables fuentes españolas, guarda en el refajo 25.000 millones de euros para apuntalar esa reingeniería. El presidente lo sabe y sólo ha de armarse de la decisión necesaria para emprender a fondo la limpieza de los establos de Augias.
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