Pendientes del derribo

Manuel Altamirano y Beatriz Pérez construyeron su casa de El Palmar (Vejer, Cádiz) hace casi una década con los ahorros de toda la vida. "Hemos pasado muy buenos momentos", rememora la mujer. Pero ahora sólo le da disgustos. Desde hace meses sabe que su vivienda será derribada. Lo mismo que le sucedió en noviembre a su vecino Francisco Rosado. Juntos y con otros habitantes de esta pedanía han decidido movilizarse en contra de las demoliciones ordenadas por la justicia y ejecutadas por la Junta de Andalucía. "Somos ilegales porque aquí es imposible ser legal", sentencia indignado Rosado cerca de los escombros de su casa ya demolida.

El Palmar lleva esperando más de seis años la aplicación de un plan especial que permita regular el crecimiento desordenado con el que se ha desarrollado en las últimas décadas. Se calcula que existen unas 600 viviendas ilegales. La Delegación de Obras Públicas de la Junta aprobó en 2006 el Plan Especial de Reforma Interior de esta pedanía entre Conil y Vejer. Aquel documento estimaba que de los 422.938 metros cuadrados de El Palmar, sólo se podrá construir en 63.441. En concreto, el plan permite construir o regularizar 423 casas.

Manuel Altamirano y Beatriz Pérez levantaron su vivienda aún sabiendo que lo que estaban haciendo era ilegal. "Teníamos el terreno y veíamos que venía un montón de gente de fuera a construir. Pensamos que nosotros también teníamos derecho a hacerlo", se justifica el hombre. La casa está en un terreno catalogado como Suelo Apto para Urbanizar (SAU). "Sólo les interesamos para cobrarnos los impuestos", se queja ella. Muy cerca de la casa de Beatriz están los escombros de la que fue la vivienda de Francisco Rosado, que ha tenido que mudarse a casa de su madre. También su suelo era apto para urbanizar. Similar circunstancia vive ahora otro vecino de la margen izquierda de El Palmar, al que también se le ha instado mediante una sentencia a demoler su casa.

El Ayuntamiento de Vejer (PSOE) se lleva las principales quejas de estos vecinos por el retraso acumulado en acometer un plan especial que permita ordenar toda esta pedanía. Con el nuevo año el alcalde, Antonio Jesús Verdú, quiere reactivarlo. El plan está hecho pero queda saber cómo se va a ejecutar y con qué dinero se van a pagar las obras necesarias. Para ello a finales de 2007 el pleno municipal acordaba crear una comisión de trabajo que estará formado por el Consistorio, la Junta, la Diputación y tres colectivos ciudadanos: la asociación de vecinos, la de padres y madres y la de comerciantes. El primer edil ya ha advertido de que no se sumará ninguna agrupación que no esté legalmente constituida, en clara referencia a la plataforma auspiciada por Francisco Rosado o Beatriz Pérez y su familia, que ya ha protagonizado algunas manifestaciones en la calle.

Mientras el plan no se ejecuta, Obras Públicas tiene abiertos 115 expedientes de derribos. "Somos cabezas de turco. Nos han hecho mucho daño. Me siento como en el corredor de la muerte", sostiene la propietaria de la próxima casa en las previsiones de derribo.