España sigue un criterio más blando en el 'Prestige'

El juzgado del pequeño pueblo marinero de Corcubión (A Coruña) que investiga el vertido del Prestige sigue un criterio más blando y ortodoxo que el de la justicia francesa. Si Francia ha ignorado el convenio de 1992 que limita la responsabilidad por contaminación por hidrocarburos, España lo está teniendo en cuenta. Ese acuerdo es vinculante y restringe la indemnización que se puede pedir a un buque por un vertido, pero según fuentes del caso, Francia ha aplicado la legislación penal, mucho más dura.

Las normas de responsabilidad por daños ambientales excluyen el tráfico marítimo, regido por convenios internacionales. El tribunal francés ha considerado que no es un caso de derecho marítimo, sino ambiental.

La instrucción del Prestige avanza con lentitud. Con un sumario de 100.000 folios, seis jueces instructores distintos y escaso apoyo administrativo, el juzgado intentará culminarla este año. Los implicados en las pesquisas no se atreven a poner fecha al juicio que determinará quién o quiénes fueron los culpables de aquel desastre.

El tramo final de la instrucción incluye una prueba que será clave para sentar o no en el banquillo al único miembro del Gobierno de José María Aznar que está imputado: el ex director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors. Un peritaje demostrará si el Ejecutivo del PP actuó correctamente al alejar el petrolero de la costa primero hacia Inglaterra y luego a Portugal.

Un mar de atrancos

El análisis de la ruta que el Gobierno le marcó al petrolero, el peritaje sobre el estado del buque y la baremación del perjuicio económico causado pondrán fin a la larga instrucción. Podría ser en primavera, si la poca voluntad demostrada por la Administración para dilucidar el caso no dilata más el proceso. La cuantificación de las pérdidas de los perjudicados fue solicitada, por ejemplo, a la Xunta en octubre, pero ni siquiera ha contestado.

Con resignación, el fiscal del caso, Álvaro García Ortiz, ve alguna ventaja al retraso: "La presión social y la politización es más baja y se trabaja con tranquilidad". El sumario se ha enriquecido con importante documentación del proceso archivado en Nueva York, con el que España reclamó una millonaria indemnización a ABS, que certificó la navegabilidad del petrolero.