Oferta de compra por Medina Azahara

La Junta de Andalucía, responsable de la protección de Medina Azahara, ya ha perfilado un plan para blindar el entorno del yacimiento arqueológico cordobés contra la proliferación de urbanizaciones ilegales. El primer objetivo que se ha marcado la Administración autonómica es "identificar los suelos no edificados que se puedan recuperar", según adelantó a este periódico la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez. La Junta se fija un plazo de dos años para culminar ese proceso y para adquirir los terrenos.

Pero en el entorno del yacimiento, en una zona declarada Bien de Interés Cultural, existen 240 casas ilegales levantadas por particulares en tres urbanizaciones clandestinas. Respecto a este asunto, la Junta se plantea adquirir las viviendas que sean "absolutamente incompatibles" con la conservación del monumento, según Gutiérrez. Será la Consejería de Cultura la que fije el número exacto de chalés que deben desaparecer. Luego, de la mano del Ayuntamiento de Córdoba, la intención de la Junta es estudiar cada caso para establecer las compensaciones que se le darán a cada familia. Según Gutiérrez, el objetivo es ofrecer una solución "dialogada" al problema. "El proceso será lento pero seguro", auguró Gutiérrez.

Estas decisiones se acordaron el pasado 11 de diciembre en una reunión entre las consejerías de Cultura y Obras Públicas, que son las que tienen las competencias respecto al yacimiento y su entorno. El próximo paso que dará la Junta será trasladar al Ayuntamiento de Córdoba sus planes e intentar que las dos administraciones colaboren en la solución de este problema.

El entorno de Medina Azahara en el que están ubicadas las tres urbanizaciones ilegales está protegido por la normativa local y autonómica, que dejan pocas salidas a unos chalés que empezaron a levantarse a mediados de los noventa en la mayoría de los casos. Pese a que las dos administraciones aprobaron normas que condenaban esas edificaciones a la desaparición, nunca han fijado salidas concretas al conflicto.

En noviembre de este año, Icomos, organismo asesor de la Unesco, hizo público un duro informe en el que se instaba a las administraciones a "restituir la legalidad vigente" en el entorno de Medina Azahara y a eliminar las casas ilegales. Un mes después, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz publicó otro informe en el que se fijaba el camino que se podría seguir en el caso de que se optara por erradicar los chalés de la zona: "En los supuestos en que estos inmuebles constituyan la primera residencia de los afectados, entendemos que la compensación por la lesión patrimonial sufrida que correspondería, previo acuerdo con sus propietarios, podría ser facilitar una vivienda digna y adecuada (...). En los restantes casos, la posible indemnización, cuanto esto sea legalmente procedente, debe consistir en una compensación equivalente al daño patrimonial sufrido".