Desaceleración global

En economía (y en todo lo demás) es difícil acertar en el remedio si falla el diagnóstico. Nuestra economía está mejor preparada que otras para hacer frente a la fase de desaceleración que se ha iniciado en los principales países del mundo. Pero el hecho de que afecte en mayor medida a los demás no es un motivo de tranquilidad sino de incertidumbre.

La situación saneada de nuestras cuentas públicas, de la que habló ayer el presidente del Gobierno, permite dosificar las medidas con criterios más flexibles que los que fue forzado aplicar en la crisis de hace 15 años, caracterizada por una pérdida acelerada de empleo. La situación actual requiere medidas proporcionadas, y no "brutales" y por decreto como aventuró uno de los especialistas del PP en diagnósticos catastrofistas.

La crisis hipotecaria en EE UU y los precios del petróleo y otras materias primas están obligando a revisar a la baja las previsiones de crecimiento de la economía mundial, y al alza las de inflación. En la principal economía del mundo la probabilidad de que entre en recesión se estima en torno al 50%; su tasa de inflación ha superado el 4% y la salud de su sistema bancario siguen inquietando en todo el mundo. Los analistas asumen que la desaceleración global es un hecho, y será más acusada en aquellas economías que hasta ahora han dependido más del ahorro externo y de su canalización a través de financiación hipotecaria. España es una de ellas, pero no la única. Además de EE UU, Reino Unido o Irlanda comparten esos rasgos, sin disponer del margen de maniobra que otorgan las saneadas finanzas públicas españolas.

Negar que el entorno con el que se afronta este ejercicio económico es significativamente peor que el vigente hasta el verano sería irresponsable; pero transmitir que la economía española está al borde de la recesión es una muestra de ignorancia o de mala fe. El promedio de las previsiones de crecimiento de la economía española en 2008 anticipa tasas superiores al promedio europeo: en torno al 2,5%, inferior a la del Gobierno, del 3%, pero muy distante de una situación crítica. El otro problema compartido con el resto de la OCDE es un repunte muy significativo en la tasa de inflación, en gran medida consecuencia de la elevación de precios internacionales, pero también de elementos específicos, como una mayor ineficiencia energética y un peor funcionamiento de algunos mercados.

La disposición de actuaciones de política económica, con las que se procure sortear los efectos de esa situación, forma parte de las obligaciones del Gobierno y de la oposición. Que sean actuaciones concretas y no enunciados tremendistas o paños calientes es el requerimiento mínimo de respeto a los ciudadanos y agentes económicos. Observar cómo están reaccionando en otros países con equivalentes o mayores amenazas que las que pesan sobre nuestra economía podría ser un buen ejercicio.